El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que, en caso de retomarse la explotación de la mina de cobre ubicada en Donoso, Colón, el país buscará un operador técnico especializado, pero bajo un esquema completamente distinto al modelo anterior. La propuesta no pasará por la Asamblea Nacional, ya que no se tratará de un contrato ley.

“La mina es de Panamá y Panamá la explotará, si la decisión es explotarla como corresponda, con un operador que se encargue de lo técnico”, afirmó Mulino durante su conferencia de prensa semanal. Reiteró lo dicho días antes: no habrá un nuevo contrato ley para este proyecto.

Según explicó el mandatario, la decisión de evitar el trámite legislativo responde a que la operación será liderada directamente por la República de Panamá, sin que exista un contrato con otra entidad privada que requiera refrendo legislativo. “Vamos a establecer un mecanismo para que se estructure de esta manera. No va a llevarse a la Asamblea para su aprobación. Creo que es lo mejor”, enfatizó.

El presidente añadió que la estructura propuesta será presentada próximamente al país, y aseguró que se diseñará cumpliendo con la legalidad y orientada al beneficio económico nacional, “que se necesita a gritos”.

El pasado martes, durante un acto de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciyap), Mulino ya había adelantado parte de esta estrategia. Señaló que el Gobierno no contempla regresar al modelo de contrato ley y que se buscará establecer una “real asociación” con criterios de soberanía nacional. “La única ruta que no va a existir es un contrato ley. Punto. Esta Asamblea no va”, declaró.

No obstante, el presidente aclaró que aún no se ha tomado una decisión final sobre la reactivación de la mina.

Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 que aprobaba el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. El fallo se dio tras semanas de intensas protestas sociales en rechazo al contrato, que obligaron al cierre de la mina, hoy paralizada con personal mínimo de mantenimiento y con el tajo aún abierto.