Mediación para la resolución del conflicto de la huelga docente

Con la intensión de aportar al debate público sobre abrir las escuelas se recomienda utilizar la mediación científica como una herramienta para resolver el problema de la huelga de gremios docentes.

Esta herramienta resuelve conflictos más rápida. Lo primero, es reconocer que hay un conflicto que se convirtió en disputa. Segundo, las partes deben estar de acuerdo que desean resolver esa controversia, el mediador asumirá funciones neutrales. Este rol facilitará el diálogo entre las partes para llegar acuerdo voluntario. Fomenta un diálogo directo y respetuoso, entre las partes, permite que se escuchen mutuamente en un espacio neutral, sin presiones políticas. Reduce la confrontación, disminuye las tensiones y evita que el conflicto se agudice. La discusión debe centrarse en buscar intereses comunes, identificando metas compartidas, es decir, mejorar la calidad, garantizar condiciones laborales dignas y asegurar el derecho de los estudiantes a la enseñanza. Contribuye agilizar acuerdos a diferencia de los procesos judiciales o políticos, permite obtener resultados rápidos y flexibles.

Involucra más actores: padres de familia, estudiantes, sociedad civil y expertos en educación. El tema de la educación no les compete solo a los gremios, ni al gobierno, debe ser de la sociedad en general.

La iglesia está fungiendo como mediador y es muy respetada, pero debe buscar apoyo de un especialista en tema de mediación que tenga idoneidad otorgado por el ministerio de gobierno o solicitar apoyo a organismo internacional que cuentan con experto en el tema. Hay que establecer una agenda en común, donde existan temas prioritarios para ambas partes, condiciones laborales, recuperación de clases, etc. Durante este proceso se formaliza compromisos progresivos, suspensión parcial de la huelga, mientras se negocia. Se recomienda realizar seguimiento de los acuerdos mediante la creación de una estructura llamada “comités mixtos”. Existen experiencias de éxitos en Colombia y Chile, utilizando la mediación en conflictos entre gremios de educadores y el gobierno, logrando acuerdos sin llegar a decisiones judiciales, porque los procesos son más largos, costosos y terminan en confrontaciones.

La mediación, transforma el conflicto en una oportunidad de diálogo y construcción colectiva. La educación es un derecho fundamental y el conflicto se ha convertido en un fenómeno habitual, convirtiendo la mediación en una herramienta clave para romper el ciclo de huelgas, pérdidas de clases y deterioro del sistema educativo.

Marco Legal que reglamenta la mediación es el Decreto‑Ley No. 5 del 8 de julio de 1999, que establece el régimen general de arbitraje, conciliación y mediación a nivel nacional, creándolo a niveles público y privado.

Ley 15 de 2006, ajustó el marco legal restituyendo artículos del Decreto‑Ley 5, que habían sido declarados inconstitucionales que entró en vigor el 24 de mayo de 2006. Instauró la Justicia Comunitaria de Paz, incorpora la mediación y conciliación comunitaria gratuita con la Ley 16 de 2016, del 17 de junio 2016. Amplió el alcance al ámbito comunitario, creando centros de mediación gratuitos y certificando mediadores y conciliadores comunitarios. Los jueces de paz son denominados jueces comunitarios de paz, están en una reforma legislativa profunda.

Además de los comités mixtos se recomienda establecer una “mesa única de diálogo inclusiva y operativa,” donde participe los actores de conflicto y representantes de la sociedad civil. (gobierno, gremios docentes, Defensoría del Pueblo, sector privado (CoNEP) y sociedad civil, entre otros) para tratar integralmente los temas que están en disputa. Se debe legitimar que la mesa esté activa diariamente, con subcomisiones técnicas para temas puntuales (presupuesto educativo, pensiones, salud). Acordar un compromiso real con el financiamiento educativo. Avanzar que se respete la Ley que establece el 7 % del PIB, para la educación, evitando traslados de partidas, acordar la creación de fondos especiales para reparar aulas, construir infraestructuras, dotar laboratorios, baños y comedores escolares., etc.

Imprescindible ponerse de acuerdo en la Ley 462 de la CSS, diseñar una contrapropuesta viable por parte del gobierno sobre las reformas en la CSS, con mejoras claras en pensiones y derechos de los docentes. Considerar medidas parciales como moratoria, revisión de beneficios o atenuación de impactos mientras se discute la ley. Durante el proceso de negociación hay que proteger las garantías y no represalias. MEDUCA debe comprometerse a no aplicar descuentos, ni destituciones para aquellos que se encuentren en huelga, mientras siga el diálogo formal. Establecer una comisión conjunta (Meduca, Defensoría del Pueblo, los gremios) para monitorear el cumplimiento de estos compromisos.

Logrando acuerdos hay que firmar un finiquito con cronograma de acción y cumplimiento específico, que establezca un plan de recuperación y reinicio de las clases, construir una estrategia de retorno gradual. Se debe contemplar, las nivelaciones y clases extras para recuperar lo perdido. El documento debe incluir detalles sobre el financiamiento educativo, fórmulas para resolver pendientes administrativos, nombramientos, viáticos, ascensos, deudas históricas, etc.

Debe existir un cronograma específico para recuperar los contenidos educativos. Es imprescindible instrumentalizar monitoreo, evaluación pública y transparencia. En los comités mixtos, hay que asegurar la participación del gobierno, gremios y sociedad civil para supervisar los avances y uso de recursos. Trascendental es realizar los informes periódicos, de la Defensoría del Pueblo, para garantizar el cumplimiento, mantener confianza en este proceso de diálogo. Combinando diálogo serio, compromisos concretos y garantías para ambas partes se podrá romper el estancamiento en que nos encontramos. Si se logra concretar estos pasos, la huelga podría terminar y las clases reanudarse con una hoja de ruta sólida para mejorar la educación es esta gran nación.