Matraqueo político por ley de contrataciones

DISCUSIÓN

Más de un centenar de propuestas de modificación, recesos de hasta cuatro horas y encuentros a puerta cerrada han sido parte de la tónica de la discusión del proyecto 305 que modifica la Ley 22 que regula las contrataciones públicas en el país.

La discusión de la norma, que es considerada como la segunda ley de mayor trascendencia para las finanzas del Estado, empezó en los últimos cuatro días del periodo ordinario de la Asamblea Nacional (AN).

Pese a las críticas, porque son los parámetros de la utilización del presupuesto estatal y no se puede aprobar en corredera, la misma se aprobó en la noche de ayer en segundo debate. Se dejó igual el polémico artículo 10 sobre las empresas extranjeras.

El diputado panameñista Miguel Salas, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN, indicó que la búsqueda de consenso fue amplia.

Señaló que el tema de los medicamentos y la inhabilitación de empresas condenadas en el exterior fueron algunos de los puntos que dilataron el debate.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez precisó que presentó 37 modificaciones para mejorar esta norma.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de un comunicado enviado ayer a la AN, pidió la exclusión del tema de los medicamentos en el debate.

Fuentes legislativas aseguraron que se presentaron 180 modificaciones, de las cuales solo se tomó en cuenta la mitad.

Al jurista Ernesto Cedeño le preocupa que esta ley en sus artículos 7, 8 y 35 le da mucho poder a quien presida la Dirección General de Contrataciones Públicas.

‘Esta persona puede sancionar hasta un 30% de sueldo bruto a quien no le haga caso. Eso quiere decir que puede sancionar a magistrados de la CSJ e inclusive al presidente', dijo.

Desde lo interno del legislativo, se ha indicado que el estancamiento de la norma también se debió a negociaciones fuera del tema entre los diputados.