Libertad Ciudadana pide fallo sobre demanda contra la Ley 351

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), sigue sin pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la Ley 351 de 2022, que modifica la Ley de la Contraloría General, y que reposa en esta instancia luego de que el recurso fuera admitido el 12 de mayo de 2023.

Este retraso en un fallo de fondo, provocó que ayer la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá), solicitara mediante una carta abierta, una pronta acción en el Supremo Tribunal.

“La Fundación, diversas organizaciones y juristas de gran trayectoria que apoyan la carta, hacen un llamado a los magistrados para que no dilaten más la declaración de inconstitucionalidad, devolviendo a la Contraloría la fuerza necesaria para cumplir sus tareas en un Estado de Derecho”, destacó la agrupación.

La norma atacada en varios de sus artículos, según los demandantes, le atribuye al contralor la facultad de cerrar y archivar auditorías o investigaciones “según su criterio”.

“Estas modificaciones han permitido el uso discrecional de millonarias partidas del presupuesto nacional sin la debida fiscalización, resultando en escándalos como los “auxilios económicos” y la “descentralización paralela”, agregaron.

Ya la Procuraduría de la Administración emitió su concepto a la Corte, donde determinó la inconstitucionalidad de la ley en seis aspectos.

El propio contralor electo, Anel Flores de la Lastra, mencionó la semana pasada, tras su escogencia en la Asamblea Nacional, su intención de convocar una mesa de trabajo para lograr cambios en la ley, sin necesidad de esperar un fallo de la CSJ.

“Hay una cláusula en especial, que le concede demasiada discrecionalidad y prácticamente es juez y parte el contralor de la República [...] Yo no quiero eso. No necesito esa discrecionalidad para hacer mi trabajo”, dijo Flores.