Ley 295: un paso a la movilidad eléctrica o solo un sueño

Panamá tiene muchas normas que han quedado en letra muerta, y miembros de la sociedad civil temen que la Ley 295, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte, corra la misma suerte.

La implementación de esta ley está a la vuelta de la esquina, ya que establece que a partir de 2025, los vehículos de instituciones públicas y los de transporte colectivo y selectivo deben cambiarse gradualmente a vehículos eléctricos.

Ante esto, usuarios, ambientalistas y exfuncionarios se preguntan cómo se logrará que al menos el 10% de las nuevas flotas sean eléctricas, cuando actualmente el sistema de transporte público enfrenta serias deficiencias.

Luis Torres, dirigente de los usuarios, afirma que para que esto se haga realidad, es necesaria una inversión urgente en el sistema de transporte de Mi Bus, que lleva años solicitando la renovación de su flota. En la actualidad, solo hay 800 autobuses operativos en las calles de la capital y San Miguelito.

La Ley 295, que comenzó a regir en 2022, establece que para 2030, un 30% de la flota de Mi Bus debe estar compuesta por autobuses eléctricos con cero emisiones contaminantes. Julio González, exdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sostiene que la movilidad eléctrica es una alternativa viable, pero resalta la importancia de comprender las realidades económicas del país antes de su implementación.

“Establecer plazos y porcentajes de implementación sin abordar las carencias operativas de Mi Bus (Buses dañados y en espera de piezas) podría resultar en un problema presupuestario”, advierte González. Además, señala que introducir esta normativa en las organizaciones de transporte público podría requerir ajustes tarifarios, lo que afectaría directamente a los usuarios.

Por su parte, Mi Bus comunicó al diario El Siglo, que a la fecha, se encuentra a espera de la asignación presupuestaria para la compra de buses eléctricos, en cumplimiento a la ley 295.

Detallaron que mantiene una flota total de 1,436 buses tipo diésel, de los cuales 800 brindan el servicio de transporte público, número que ha aumentado en los últimos meses “producto del trabajo en equipo de nuestros trabajadores y bajo la dirección del gerente Carlos Sánchez Fábrega, cumpliendo con la primera misión que encomendó el presidente de la república, José Raúl Mulino, rescatar la flota y echar andar los buses”.

Luis Campana, exgerente de Mi Bus, indicó en junio que se ha solicitado presupuesto al gobierno durante tres años fiscales. El anteproyecto presentado incluía la adquisición de 200 autobuses diésel Euro 5 y 40 eléctricos, lo que habría permitido cumplir con el primer objetivo de la ley: que al menos el 20% de los nuevos autobuses sean eléctricos.

Además, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ha licitado cinco buses eléctricos medianos, que serán operados por Mi Bus en una ruta dedicada al Casco Antiguo, a la espera del refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República.

Mientras que Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental de Panamá, enfatiza que la ley tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías renovables. Sin embargo, advierte que la falta de interés en su implementación puede hacer que esta norma sea ineficaz.

“Esta norma por mucho tiempo será ineficaz, sino hasta que los panameños salgamos a exigir su fiel cumplimiento”, concluyó.

La norma indica que en 2030 un 30% de la flota de Mi Bus debe estar compuesta de buses eléctricos con cero emisiones contaminantes.