En audiencia de control de garantías celebrada este jueves, el exrepresentante del corregimiento de Volcán, de 37 años, y su ex tesorera de 47, fueron imputados por la presunta comisión del delito de peculado agravado, relacionado con el mal manejo de fondos públicos asignados a las juntas comunales.

El juez de garantías aplicó medidas cautelares diferenciadas: al exrepresentante se le impuso detención domiciliaria, mientras que a la extesorera se le ordenó firmar periódicamente los lunes, miércoles y viernes en la Casa de Paz de Volcán. Además, se les prohibió acercarse a las Juntas Comunales de Volcán y Cordillera, así como a beneficiarios del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

La fiscal del caso, Johana Osorio, detalló que la afectación patrimonial en la Junta Comunal de Volcán asciende a $389,784, producto de manejos irregulares de fondos entre 2019 y 2024. Las defensas estuvieron a cargo de los abogados José Altamirano (representante) y Víctor Pitti (tesorera).

Esta causa forma parte de una investigación más amplia denominada operación Comunidad, liderada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre el presunto uso indebido de recursos del PDIS en comunidades vulnerables.

En total, fueron aprehendidas cuatro personas: dos actuales funcionarios de la Junta Comunal de Solano, en Bugaba, un representante de 36 años y un tesorero de 57, ambos reelectos para el periodo 2024-2029 y los dos exfuncionarios de Volcán. En el caso de Solano, se estima una lesión patrimonial de $350,000.

Durante el operativo, realizado en los distritos de Bugaba, David y Tierras Altas, las autoridades judiciales y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) efectuaron allanamientos y recabaron documentos clave.