¡Vapeadores en la mira! Panamá busca destapar el negocio ilegal

El negocio de los cigarrillos electrónicos está bajo la lupa. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud buscan ponerle cifras al mercado ilegal de estos dispositivos, que atraen con sabores llamativos y diseños coloridos, pero pueden representar graves riesgos para la salud.

El doctor Miguel Jordán, del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Minsa, explicó que todavía no existen cifras precisas sobre el comercio clandestino de cigarrillos electrónicos. Por ello, las autoridades trabajan en un estudio para conocer la dimensión del negocio y reforzar los controles.

Aunque sus sabores y presentaciones pueden hacerlos parecer inofensivos, el Minsa advierte que los vapeadores pueden contener sustancias tóxicas capaces de afectar distintos órganos. Según cifras oficiales, el 6.4% de la población panameña consume cigarrillos electrónicos, una situación que preocupa especialmente por su uso entre adolescentes y adultos jóvenes.

Pero las alertas no se limitan a los vapeadores. Jordán señaló que cerca del 50% de los productos de tabaco comercializados en Panamá serían de origen ilícito. Durante una reunión internacional sobre el combate al comercio ilegal de estos productos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que esta actividad facilita el acceso de menores de edad a estos productos, debilita las políticas fiscales y alimenta las redes de delincuencia organizada.

Por su parte, Eyda Martínez, en su calidad de ministra de Salud estudiantil, alertó que los colores y sabores de los vapeadores pueden crear una falsa sensación de seguridad, pese a que muchos contienen nicotina, una sustancia adictiva. La estudiante pidió reforzar los controles y las acciones de prevención en escuelas y comunidades para frenar el consumo entre niños y jóvenes.

Panamá aprobó en agosto de 2025 la Ley 13, que regula y restringe el uso, la venta, la promoción y el consumo de cigarrillos electrónicos. En agosto de 2026, el tema volvió a debatirse en una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.