La larga sombra de paraíso fiscal y Odebrecht marcaron a Panamá en 2017

Panamá cierra 2017 con un duro golpe: su inclusión en la primera lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), a pesar de la agresiva campaña para limpiar su nombre tras el escándalo de las sociedad "offshore" y los esfuerzos de la Fiscalía por rastrear el dinero de los sobornos de Odebrecht.

Rápidamente un coro de voces de todos los sectores panameños gritaron "injusticia" ante la decisión de los europeos, que argumentaron que este pequeño país, un centro financiero regional de 4 millones de habitantes, no se comprometió de manera clara a enmendar o eliminar para finales de 2018 un régimen preferencial que tildaron de "dañino".

Panamá "hoy no tiene ningún tema pendiente en cuanto a estándares internacionales de cooperación fiscal se refiere", respondió el Gobierno de Juan Carlos Varela, que llamó a consultas su embajador en Bruselas tras la "totalmente injusta" medida de la UE.

Ya el país centroamericano había comenzado mal el año, pues Francia lo metió en su lista de países no cooperantes en materia fiscal a raíz del escándalo de Mossack Fonseca o los papeles de Panamá.

Se trató de la filtración en 2016 de millones de documentos que abarcan 4 décadas de trabajo del bufete panameño Mossack Fonseca, que dejaron al descubierto miles de empresas extraterritoriales de ricos y poderosos del mundo, constituidas en 21 jurisdicciones para supuestamente evadir impuestos y ocultar fortunas.

Ese escándalo se ha quedado chico frente a otra gran filtración, este año por la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, conocida como papeles del paraíso, en la que aparecen figuras como la reina Isabel II y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero en el caso panameño, pareciera que el gobierno de Varela, que llegó al poder en julio de 2014 con la bandera anticorrupción, no logra escapar de la larga sombra de los papeles de Mossack Fonseca pese a que ha aplicado reformas para penalizar el lavado de activos y la financiación al terrorismo, restringir las acciones al portador y que regulan sectores no financieros.

Hay sectores panameños que afirman que el acoso al que está siendo sometido el país por parte de las potencias agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nada tiene que ver con probidad en las leyes, sino que solo busca eliminarlo como actor en el competitivo mundo de los servicios financieros, que son un pilar de la economía local, que este año crecerá alrededor del 5 %.

Para otros, la inclusión del país en la lista negra de la UE es una consecuencia directa del caso Odebrecht, por el que hay más de 60 imputados en este país y se ha convertido en un foco de fricciones entre la Fiscalía y los tribunales.

En medio de duras críticas por su actuación, la Fiscalía que dirige Kenia Porcell logró un acuerdo con la constructora que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares, 100 de los cuales corresponden específicamente al uso del sistema financiero del país en la trama del pago de sobornos.

Analistas, el gobierno y el propio regulador bancario de Panamá han recalcado que las irregularidades financieras involucradas en el caso Odebrecht tuvieron lugar cuando en el país no existían leyes más robustas contra el blanqueo de capitales.

El pago de los sobornos de la constructora brasileña, que es la principal contratista del Estado panameño y ha ejecutado obras emblemáticas como el metro de la capital, el primero y único de Centroamérica, mantiene como un hervidero a la política local.

Aunque la constructora confesó ante las autoridades de Estados Unidos que pagó 59 millones de dólares en sobornos en Panamá, las cuentas de la Fiscalía local llevan esa suma a más de 80 millones de dólares, de los que más de 55 millones fueron a parar a las manos de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

Varela es uno de los pocos en este país que ha admitido, aunque aclarando circunstancias y tras filtraciones a la prensa de expedientes fiscales, que dinero de la constructora llegó a su campaña por la Vicepresidencia en 2009.

La oposición insiste en que el jefe del Estado debe ser investigado por este caso, y que está en manos de la Fiscalía remitir al Parlamento un informe para iniciar el proceso.

Según la Constitución panameña, el presidente del país solo puede ser juzgado por el Parlamento, previa presentación y admisión de una querella acompañada por "prueba idónea".