La batalla por la recolección de basura en San Miguelito

Entre críticas y acusaciones, se recibió la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en San Miguelito, pero la alcaldesa Irma Hernández se negó a dar este paso, calificando la medida de improvisada y de una “imposición”.

Hernández aseguró que el municipio ya contaba con un plan de transición, tras la salida de Revisalud el 18 de enero, luego de vencerse finalmente su contrato. Según la alcaldesa, el plan incluye a tres empresas aprobadas por el Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de $3.8 millones, listas para iniciar este lunes, a la espera únicamente del refrendo de la Contraloría.

Pero la polémica no quedó solo en el rechazo a la intervención. Hernández acusó al Contralor General, Anel Flores, de llamarla el 4 de diciembre para solicitarle una reunión con la dueña de Revisalud, algo que calificó como ético y cuestionable. En conferencia de prensa, dejó en el aire si esta podría ser la razón por la cual la Contraloría aún no ha refrendado los contratos, bloqueando la entrada formal de las nuevas empresas al servicio de recolección.

La alcaldesa envió además un mensaje al presidente José Raúl Mulino, solicitando derogar la resolución que permite la intervención de la AAUD y permitir que su plan avance.

Esta situación se da luego de que, el 13 de enero, el Consejo de Gabinete autorizara a la AAUD a asumir el control del servicio de recolección de desechos, tras el colapso del servicio y el riesgo sanitario que afecta a más de 200 mil residentes.

En respuesta, la Contraloría General de la República aclaró que los contratos no ingresaron por completo el 8 de enero como se había informado; dos de los tres llegaron a la Oficina de Fiscalización del Municipio a las 3:50 p.m., y el ingreso formal a la sede central se produjo el 13 de enero de 2026, cumpliendo todos los plazos administrativos sin dilación ni irregularidad.

La Contraloría precisó que la AAUD estaba debidamente autorizada para asumir, a partir del 19 de enero, la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos en San Miguelito. Advirtió que cualquier afirmación o insinuación que sugiera lo contrario no se ajusta a los hechos, genera desinformación ante la ciudadanía y resulta irresponsable y poco profesional.

La polémica se extendió al ámbito político. El líder de Vamos, Juan Diego Vázquez, criticó duramente al contralor: “Está decidiendo con el hígado y con las tripas, porque, además de ser contralor, es empresario, vendedor de azúcar y rosca, hace negocios con el gobierno y, además, es relacionista público de Revisalud, una empresa que no ha dado buen servicio por décadas y que le debe $1.5 millones a sus trabajadores”.

Por el dinero que Revisalud adeuda a sus trabajadores, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, indicó que se ejecutó el secuestro de los bienes de la empresa, con el fin de garantizar el pago de las prestaciones laborales y evitar que se repitan situaciones ocurridas en el pasado.

Se explicó que el secuestro de Revisalud incluye cuentas bancarias, bienes y cuentas por cobrar de la empresa; además, varias entidades bancarias ya han realizado las retenciones correspondientes.