Justicia penal, anticorrupción y Estado de derecho

La verdadera fortaleza en la consolidación del Estado de derecho se pone a prueba cuando el sistema de justicia debe investigar los delitos, enfrentar la corrupción y garantizar que todas las personas, sin importar su posición económica, política o social, respondan ante la ley. En este escenario se inscribe la labor de una generación contemporánea de abogados y juristas vinculados a la justicia penal, al control de la administración pública y a la defensa de la legalidad. Entre estas figuras se encuentran Omar Jaén, María Cristina Chen Stanziola, Jaime Franco Pérez, Carlos Granel, Alejandro Alberto Arias y Antonio Moreno Correa.

Dentro de este panorama, la experiencia de Omar Jaén, reconocido por su trayectoria en el ámbito penal y por su desempeño como exfiscal anticorrupción, permite destacar la importancia de la persecución de los delitos contra la administración pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en un campo particularmente complejo: la investigación de hechos en los que confluyen intereses políticos, económicos y administrativos.

Un ejemplo de esta labor se produjo en febrero de 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción, representada por los fiscales Javier Cuadra y Omar Jaén, logró la imputación de cargos contra varios exfuncionarios vinculados al Ministerio de Salud, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la realización de pruebas durante la pandemia.

María Cristina Chen Stanziola constituye una figura relevante de la justicia panameña contemporánea. Como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, su elección como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 2026-2027 representa un hecho significativo para la institucionalidad del país. Su trayectoria en la jurisdicción contencioso-administrativa destaca la importancia del control de la legalidad de los actos de la Administración Pública y de la protección de los derechos ciudadanos frente al poder estatal.

Entre las voces contemporáneas que han contribuido al desarrollo de la justicia administrativa panameña destaca el Dr. Jaime Franco Pérez, cuya trayectoria articula la docencia universitaria, la asesoría jurídica en instituciones públicas y el ejercicio profesional. Su participación en la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Código Contencioso Administrativo constituye un aporte relevante a la modernización y fortalecimiento de la justicia administrativa en Panamá.

Carlos Gasnell, nacido en Ciudad de Panamá el 26 de febrero de 1974, es abogado, académico y escritor. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Panamá, magíster en Derecho Administrativo y Tributario y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Su trayectoria se ha concentrado especialmente en el derecho administrativo, la contratación pública y la justicia contencioso-administrativa. En 2009 obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo por su trabajo sobre El origen del Derecho Administrativo y la Justicia Contencioso Administrativa en Panamá. Entre sus principales publicaciones destacan El origen del Derecho Administrativo y la Justicia Contencioso Administrativa, El Acto Administrativo y el Acceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Régimen Jurídico de la Contratación Pública en Panamá.

Gasnell también ha desarrollado una faceta literaria. En 2021 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, categoría novela, por Bajo la Antigua Puerta de Mar, publicada en 2022. Su trayectoria refleja así la convergencia entre derecho, investigación académica y creación literaria. En el área de promoción de los 80 años de los Contencioso Administrativo se encuentra Alejandro Alberto Arias quien pomovio la publicación de estudio sobre esa temátoca

Por su parte, Antonio Moreno Correa representa otra dimensión fundamental del jurista contemporáneo: la defensa del patrimonio público y del interés general. Su actuación profesional como representante legal de la Contraloría General de la República en procesos de importancia nacional demuestra el papel que desempeñan los abogados en la fiscalización de los actos públicos y en la protección de los intereses del Estado.

Uno de los asuntos de mayor trascendencia nacional en los que ha participado se relaciona con la acción de inconstitucionalidad vinculada al contrato de concesión de Panama Ports Company. Este tipo de controversias revela la complejidad de las relaciones entre el Estado, las empresas y los bienes estratégicos de la nación. También demuestra que el derecho constitucional y administrativo constituye un instrumento esencial para examinar la legalidad de las decisiones públicas y proteger el patrimonio colectivo.

La figura de Antonio Moreno Correa permite ampliar la comprensión del jurista más allá del ejercicio privado de la profesión. Su actuación se vincula con una concepción del derecho orientada al interés público, al control de la legalidad y a la defensa de los recursos que pertenecen a la nación.

El desafío de Panamá continúa siendo convertir los principios constitucionales en realidades cotidianas. La igualdad ante la ley, la transparencia, la independencia judicial y la responsabilidad de los funcionarios públicos no deben ser únicamente aspiraciones normativas. Deben traducirse en instituciones eficaces y en una cultura jurídica capaz de colocar el interés general por encima de los privilegios particulares.