Un juez y un fiscal españoles interrogan a ex ministros panameños por caso Mercasa

El juez y el fiscal anticorrupción españoles, Santiago Pedraz y Conrado Sanz, respectivamente, concluyeron este miércoles en Ciudad de Panamá una comisión rogatoria mediante la cual habían solicitado interrogar a dos ex ministros panameños —Demetrio Papadimitriu (Presidencia) y Melitón Arrocha (Comercio)— en relación con un contrato millonario de la empresa pública española Mercasa con el Estado de Panamá en 2010.

Así lo confirmaron a Efe fuentes judiciales de Panamá, país en el que no hay causa alguna abierta por este asunto, que se investiga en España a raíz de las acusaciones y posteriores procesos judiciales contra esa empresa por sus operaciones en Angola.

El juez y el fiscal españoles, acompañados de dos administrativos de sus despachos, que llegaron a la capital panameña el pasado sábado, interrogaron este miércoles "durante cuatro horas" al ex ministro y ex embajador ante la ONU Melitón Arrocha.

Igualmente, a dos secretarias de su despacho de abogados y al que fuera coordinador de capacitación para Mercasa, Alain Rajiv Anguizola, "en presencia virtual", es decir a través de internet, de todos los abogados de las partes implicadas en España.

Arrocha, que desempeñó las mencionadas funciones públicas durante el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2020), fue el abogado residente de Mercasa en Panamá.

Demetrio Papadimitriu, quien fue ministro de la Presidencia durante los primeros años de mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014) no llegó a ser interrogado por la delegación judicial española, dijeron las fuentes consultadas, sin explicar los motivos.

Mercasa —empresa española líder mundial en el sector de la instalación y administración de mercados de abastos— firmó un contrato millonario con la administración del expresidente Martinelli para la instalación en Panamá de una cadena de frío nacional que permitiera el transporte distribución y venta de alimentos en buen estado en todo el país, proyecto que se encuentra paralizado desde el gobierno de Varela.

Para realizar este viaje de trabajo y los interrogatorios, el juez, el fiscal y sus asistentes españoles necesitaron la autorización y asistencia de la Procuraduría General de la República (Fiscalía).

Las investigaciones en España sobre un presunto pago de sobornos por parte de directivos de Mercasa para conseguir el mencionado contrato en Panamá se iniciaron hace cinco años.