Incertidumbre tras rotación de fiscales 

El procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, lanzó la amenaza desde hace tres meses, cuando dijo que haría rotaciones de fiscales superiores, fiscales de circuito y de secretarías del Ministerio Público, las cuales se hicieron efectivas el primero de junio, tras reconocer que sus funcionarios han cometido errores y la existencia de un desorden en la dependencia que tomó bajo su mando a inicio de este año.

Un sinnúmero de denuncias ciudadanas, falta de productividad, rezago de expedientes, entre otras irregularidades, dieron motivos suficientes para que se ordenara dichos ajustes, lo que marca el comienzo de una depuración de servidores públicos.

El abogado, Jamis Acosta, aplaudió los cambios al indicar que algunos fiscales han sido señalados por víctimas por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Acosta se refirió al caso de un cliente suyo, el cual fue víctima de un plan  para despojarle de su patrimonio de manera ilegítima, aunque "el empresario cumplió con todos los protocolos legales, llegó a invertir y crear empleos en Panamá".

Explicó que a cargo de una supuesta investigación contra el inversionista, algunos fiscales y la exprocuradora, Kenia Porcel, actuaron de manera arbitraria, avalaron el atropello y se encargaron de falsificar pruebas para inculparlo en presuntos delitos, para poder despojarlo ilegalmente de su patrimonio, además de dañar su reputación, lo que ha generado desconfianza en que se pueda hacer justicia.

"Se trata de un procedimiento tendencioso y poco serio, un crimen en progreso, porque cada día que pasa no sólo se perjudica al empresario y a su familia, sino a decenas de empleados que dependen de sus empresas", señaló Acosta.

Tras darse a conocer las rotaciones de los fiscales,  el abogado explicó que muchos ciudadanos que mantienen expedientes en la Procuraduría, han mostrado su temor sobre la posibilidad que se pierdan pruebas, haya extinción de tiempos en los procesos y casos caídos.

El propio procurador Ulloa Miranda ha admitido que el sistema de justicia no está funcionando, porque está diseñado para la selectividad y los privilegios, abriendo las puertas para el abuso de algunos funcionarios y deshonra a la institución.