Gremio veterinario defiende actuación de profesionales tras caso con fauna silvestre

  • domingo 15 de marzo de 2026 - 3:45 PM

La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios emitió un pronunciamiento público luego de los recientes comentarios difundidos en redes sociales sobre la atención brindada a un ejemplar de fauna silvestre extraído de un entorno doméstico.

En un comunicado fechado el 13 de marzo de 2026, el gremio recordó que en Panamá la tenencia de fauna silvestre está prohibida, conforme a la Ley 24 de 1994 de Vida Silvestre de Panamáy la Resolución AG-138 de 2004.Según la organización, mantener este tipo de especies fuera de su hábitat natural no solo afecta su bienestar, sino que también puede representar un riesgo para la salud pública, al tratarse de animales que pueden ser reservorios de enfermedades.

El gremio explicó que, en el caso que ha generado debate, los médicos veterinarios actuaron bajo el enfoque de Una Sola Salud. Ante la sospecha de posibles microorganismos zoonóticos, los profesionales activaron protocolos de bioseguridad y remitieron muestras al laboratorio de referencia oficial para su análisis.

La asociación también expresó su respaldo a los médicos veterinarios involucrados, destacando que actuaron con idoneidad, ética profesional y apego a la evidencia científica. Asimismo, reiteró que únicamente los médicos veterinarios acreditados están facultados para emitir dictamenes sobre la salud animal en el país.

En su comunicado, el gremio recordó además a sus miembros la obligación de exigir la documentación de custodia legal emitida por el Ministerio de Ambiente de Panamá cuando reciban fauna silvestre para su atención. De no contar con este documento, indiquen, es obligatoria notificación de inmediata a la autoridad competente.

Finalmente, la organización solicitó al Ministerio de Ambiente realizar una investigación exhaustiva del caso, con el objetivo de validar los protocolos sanitarios aplicados. También hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y evitar juicios infundados que puedan afectar la integridad de los profesionales que velan por la salud pública y animal en la República.