Gobierno panameño hará convocatoria pública para escoger magistrados Supremo
Las hojas de vida serán objeto de una primera verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales
- miércoles 04 de abril de 2018 - 9:12 AM
El Gobierno panameño decidió hoy hacer una convocatoria pública para la elección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la cual saldrá una lista de 10 aspirantes que será sometida a un proceso de consultas con el Pacto de Estado por la Justicia, informó una fuente oficial.
La convocatoria, hecha en atención al vencimiento del periodo de los Magistrados de la CSJ, Oydén Ortega (Sala Primera Civil) y Jerónimo Mejía (Sala Segunda Penal), estará abierta desde el 9 al 13 de abril próximo, periodo en que los aspirantes deben enviar hojas de vida en formato digital a magistrados@presidencia.gob.pa
Las hojas de vida serán objeto de una primera verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales, y los criterios que guiarán la selección son independencia e imparcialidad, conocimiento jurídico notable, trayectoria profesional destacada, compromiso con la protección de los derechos fundamentales, la democracia y la transparencia.
Luego se hará una lista corta de los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales.
La lista será elaborada por una comisión formada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero; el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez; la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett; y el abogado Gian Castillero.
Una vez se elabore esta lista de al menos 10 candidatos, será sometida a un proceso de consultas con el Pacto de Estado por la Justicia, que hará observaciones sobre los respectivos candidatos.
Concluida esta consulta, el Ministerio de la Presidencia someterá la lista de seleccionados a la consideración del Consejo de Gabinete (ministros), de la cual escogerá a los dos magistrados.
El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso nacional asumido en 2005 por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, a fin de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño para que sea independiente, transparente y eficiente.
El Pacto fue convocado por el presidente Martín Torrijos (2004-2009), para entre otras cosas establecer una forma de escoger a los magistrados de la CSJ que permita una mayor transparencia en estos procesos de selección.
La mayoría opositora en el pleno del Parlamento panameño rechazó el 30 de enero pasado la nominación de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como nuevas magistradas del Supremo que fue presentada por el presidente Juan Carlos Varela, tras haber sido aprobada en primera instancia por la Comisión legislativa de Credenciales dominada en ese momento por el oficialismo.
Tras el rechazo de las magistradas, se produjo una pugna por el control de la Comisión de Credenciales, la cual se re-configuró y pasó a ser controlada por la oposición, llevando a la ruptura del pacto de gobernabilidad que mantuvieron por más de tres años el gobernante Partido Panameñista (PPa), con apenas 16 parlamentarios, y el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), la primera fuerza legislativa con 26 diputados.
La CSJ rechazó un recurso presentado por el oficialismo que alegaba la "ilegalidad" de la nueva Comisión parlamentaria encargada de filtrar los nombramientos de altos funcionarios y de investigar al presidente del país, aunque todavía el Supremo debe resolver un Amparo de Garantías presentado por la bancada de Gobierno.
Medio locales publicaron hoy filtraciones del fallo del magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Abel Zamorano, según los cuales rechazó la "advertencia de ilegalidad" interpuesta por diputados del PPa por considerarla extemporánea.
El recurso fue presentado contra la alteración del orden del día en la Asamblea Nacional que permitió que entrara en la agenda la votación para desmantelar la estratégica Comisión de Credenciales.
Esa votación tuvo lugar el pasado 22 de febrero y con ella la mayoría opositora del Parlamento re-configuró la Comisión y eligió sus nuevos 9 miembros, arrebatándole al oficialismo 2 de los 4 diputados que tenía en esa instancia.
