- viernes 23 de mayo de 2025 - 12:00 AM
En medio de un paro de labores de los obreros que hoy cumple 26 días, los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denuncian estar siendo víctimas de persecución política. Uno de ellos está en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), otro permanece refugiado en una embajada, y un tercero se encuentra detenido en el centro penitenciario La Joya.
El dirigente sindical Genaro López se presentó la tarde de ayer ante la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, en Pueblo Nuevo, para conocer el proceso en su contra. Sin embargo, fue trasladado bajo custodia a la sede de la DIJ en Ancón. Al llegar al lugar, esposado, declaró: “No tengo nada que ocultar, soy inocente; esto es una persecución política”.
López no es el único que alega persecución. En la madrugada del miércoles, Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, ingresó a la embajada de Bolivia en Panamá en busca de resguardo, argumentando también ser víctima de una persecución política. Méndez aseguró el dirigente Jaime Caballero, detenido en el penal de La Joya por supuestos delitos de blanqueo de capitales y otros cargos, es un preso político.
En conferencia de prensa, la directiva del Suntracs y su equipo legal calificaron la situación como una ofensiva judicial motivada por razones políticas.
Según los abogados Genaro López se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para aclarar su situación jurídica, pero aseguran que el Ministerio Público (MP) actuó de forma arbitraria al ordenar su aprehensión y será llevado ante el Sistema Penal Acusatorio, donde se le imputarán cargos por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la fe pública.
Explicaron que este proceso legal inició en 2022, y que hasta la fecha la defensa ha sido constante. El expediente, afirman, consta de nueve tomos, y se basa en una denuncia sin sustento sólido.
Este conflicto ocurre luego de que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) cancelara la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., por presuntas violaciones a normas financieras y de prevención del blanqueo de capitales.
Según el IPACOOP, desde 2022 se realizó una auditoría que identificó 14 irregularidades financieras y 10 incumplimientos relacionados con las normativas de prevención del lavado de dinero.
Tras este caso, se realizaron allanamientos en las oficinas del Suntracs ubicadas en Chiriquí, San Miguelito y la Avenida Perú.
