Fugas y custodio detenido sacuden la seguridad penitenciaria

La fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, registrada el pasado 1 de junio, sacudió los cimientos del sistema penitenciario panameño y dejó una pregunta sobre la mesa: ¿cómo están los controles dentro de las cárceles? A semanas del escape, 10 reclusos aún permanecen prófugos, mientras las autoridades mueven piezas y endurecen las medidas de seguridad.

El episodio, que dejó tres privados de libertad muertos, provocó cambios en la estructura penitenciaria, con nuevos monitoreos, revisiones y operativos. Sin embargo, ayer el sistema volvió a estar en el ojo público tras la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran encontrados seis teléfonos celulares dentro del vehículo institucional que conducía.

El funcionario fue puesto a órdenes de las autoridades junto con los equipos incautados, mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo llegaron estos aparatos al vehículo y si existen más personas involucradas.

El caso reavivó el debate sobre el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios. En redes sociales, ciudadanos cuestionaron el posible involucramiento de funcionarios y custodios en estas irregularidades, mientras otros señalaron que también debe analizarse la situación laboral del personal penitenciario y las condiciones que podrían hacerlos vulnerables ante actos de corrupción.

Tras la fuga masiva, las autoridades activaron la denominada “Operación Cerrojo”, con la que buscan recuperar el control dentro de las cárceles y frenar actividades ilícitas.

Los operativos dejaron al descubierto una realidad preocupante: en La Joyita fueron decomisadas 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, 35 cargadores, 61 routers y seis antenas, además de otros artículos como abanicos, equipos de sonido, amplificadores, paneles solares, platinas, sartenes eléctricas, relojes, audífonos y cables USB.

En el Centro Penitenciario de Penonomé también se realizaron acciones que permitieron el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y artículos prohibidos dentro de las instalaciones.

Ante este panorama, el nuevo director general del Sistema Penitenciario (DGSP), Chanan Singh, quien reemplazó a Jorge Torregroza tras su renuncia el pasado 19 de junio, anunció una política de “cero tolerancia” contra la corrupción, tanto para funcionarios como para privados de libertad.

Singh advirtió que las prácticas del pasado no continuarán y señaló que, por ahora, se mantendrán las restricciones al ingreso de ciertos artículos solicitados por familiares de privados de libertad, mientras se implementan nuevos controles de seguridad.

“Nosotros no hemos venido aquí a complacer a nadie. Hemos venido a implementar un sistema que no estamos inventando; es un modelo que existe en diferentes países y que el Estado, mediante la ley, aplica para la administración de los centros penitenciarios”, enfatizó en una reunión con familiares de privados de libertad de distintos centros penitenciarios y sus abogados.