Extradición a EE.UU. acaricia a los Martinelli

Se cumplió con la documentación y el sustento de dicha solicitud
  • sábado 05 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

Las solicitudes para la extradición de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya fue formalizada por Estados Unidos. Ambos fueron acusados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar dinero, en una corte de la ciudad de Nueva York.

Ayer viernes 4 de septiembre, la oficina de Comunicación Social de la Cancillería de Guatemala, confirmó que a finales de agosto, Estados Unidos presentó las solicitudes y la documentación que sustentan las mismas.

Este domingo 6 de septiembre, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal cumplen dos meses de estar detenidos en Guatemala por solicitud de los Estados Unidos.

La existencia de recusaciones pendientes por resolver, por parte del Organismo Judicial de Guatemala, mantiene el proceso de extradición en ‘pausa' informó Denis Cuesy, abogado de los hermanos Martinelli Linares.

Las tres acciones judiciales (las dos recusaciones y el amparo) deben ser atendidas por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.

A las autoridades norteamericanas se les había otorgado un plazo de 40 días para presentar la solicitud de extradición, luego que el pasado 24 de julio, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal ordenara el inicio de la extradición.

A Luis Enrique se le imputa un cargo de conspiración para realizar lavado de dinero; dos cargos de ocultamiento del producto del lavado de dinero, como resultado de un soborno a un alto funcionario panameño; y otros dos cargos por usar fondos provenientes del lavado de dinero, derivado de un soborno al mismo funcionario.

Según se pudo conocer, la fiscal confirmó que para estos delitos la pena podría ser de hasta 50 años en prisión.

En tanto, Ricardo Alberto enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de ocultamiento del producto del lavado de dinero derivado también de un soborno a un alto empleado del gobierno panameño.

Las penas por estos delitos pueden llegar hasta los 40 años de cárcel.

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