‘Epasa podría subastarse si la condena de Martinelli queda en firme' Boris Barrios

La condena del juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en contra del expresidente Ricardo Martinelli por el delito de blanqueo de capitales, motivada por la compra con fondos públicos de la Editorial Panamá América (Epasa), deja en incertidumbre el futuro de los medios. ¿Cuál es el futuro de los empleados y la infraestructura? Nuestro invitado, Boris Barrios, exfiscal electoral, intenta responder a esta inquietud. Además da su opinión sobre el posible impacto de la sanción sobre el electorado.

¿Qué pasará cuando la sentencia quede en firme, ¿cuál será la situación de los diarios?

Los diarios quedan como patrimonio del Estado y puede poner un medio educativo a nombre del estado, o puede llamar a una subasta pública para los efectos de vender a particulares. Lo cierto es que una vez que quede ejecutoriada la sentencia se extingue la personería jurídica y por lo tanto pasa totalmente a manos del estado. La extinción de la personería jurídica implica también la extinción laboral de los trabajadores con esa empresa y por lo tanto se aplica el Código de Trabajo porque antes de que pase al estado la empresa tiene que llegar a acuerdos con sus trabajadores para terminar la relación laboral.

El estado recibe únicamente las instalaciones y el terreno…

Exacto. Los bienes que fueron recuperados. La empresa no puede venderlos, están cautelados en este momento precisamente para evitar que fueran vendidos o traspasados.

¿Cómo se debe hacer la subasta?

A través de una normativa especial para efecto de las subastas. El Ministerio de Economía y Finanzas es el administrador por parte del Ejecutivo, si se establece que la adjudicación va a ser a través de una subasta debe haber un decreto reglamentario, cuáles son las condiciones mediante las cuales se va a convocar a participar, a qué tipo de empresas, cuántos años de existencia debe tener la empresa, si son nacionales o extranjeras. Todo eso debe estar estipulado.

¿Cómo se calcula el valor del bien?

Hubo un inventario al momento de hacer las cautelas. Ese inventario habría que actualizarlo o modificarlo según el deterioro que haya sufrido del tiempo en que se levantó por primera vez el inventario.

¿Y las deudas pendientes?

Ahí viene otro escenario que es la junta de acreedores. Eso se maneja por escenario privado, no público. La empresa tiene que ver qué va a hacer con los acreedores. El estado recibe los bienes y la empresa y los dignatarios tienen que arreglar eso, el estado no puede cargar con eso.

¿Y si se declaran en quiebra?

Podría ser una alternativa. Entonces viene el concurso de acreedores para los efectos a ver quienes van a ser beneficiados o no. Difícilmente pueden declararse en quiebra. Ya hubo una ley de cautela a raíz de un hecho delictivo. La declaratoria de quiebra es un acto voluntario para demostrar que la empresa no tiene la liquidez necesaria y se rige por la ley civil. No pueden declararse en quiebra porque fueron intervenidos por el estado. No pueden ampararse en el proceso penal para el no cumplimiento de los acreedores porque estaban funcionando normalmente.

¿Los dueños tendrán que hacerse responsables de las deudas obligatoriamente?

Los acreedores pueden participar en concursos de acreedores para ver qué pueden recuperar de la empresa. No solo tienen deudas, pueden ser cautelados, así que ahí pierden sus bienes. El estado recupera los bienes, el terreno y las instalaciones. Los que tienen problema son los acreedores a los cuales la empresa les debe y no van a poder cobrar.

¿Cómo cree que puede impactar esta condena en el electorado?

Ese es el escenario de la percepción en materia política electoral, de saber que hay un candidato a la presidencia que ha sido condenado y de ejecutoriarse la sentencia cae en la prohibición de que no puede ser candidato y de que llegando a la presidencia quede inhabilitado para ejercer el cargo de presidente. Queda en el electorado decidir si va a votar por un candidato bajo estas condiciones o no. Es el elemento de percepción que hay en el momento porque se ha dictado una sentencia que aún no está ejecutoriada.

¿El electorado comprende que hay un peso judicial en contra de Martinelli o que existe una persecución política como él lo dice?

Haber visto la audiencia, leer la sentencia….

¿El pueblo se preocupó por leer la sentencia o ver la audiencia?

Es el trabajo de los medios y de los programas de opinión de explicar a la ciudadanía la situación desde diversos puntos de vista. Los abogados tenemos diversos análisis. El electorado fanático no va a cambiar de opinión, pero el racional tiene que entrar al análisis del voto razonado.

En términos judiciales, que un expresidente haya sido condenado por la justicia después de haber sido declarado no culpable en el caso pinchazos, ¿qué mensaje envía?

Es la ambivalencia de nuestra justicia. La buena noticia es que con este caso de New Business se si enta un precedente que llama la atención a la clase política, al poder económico. Ojalá quede ejecutoriada la sentencia en los términos que pueda determinar la ciudadanía la inhabilitación o no para efectos de que la clase política entienda que no está por encima de la ley, que se cierra la brecha en torno a una justicia autónoma e independiente del escenario político. Habría que ver cómo van a fallar los recursos.

¿Realmente cree que existe una justicia autónoma?

La incidencia de nuestro modelo presidencial siempre ha incidi do sobre el modelo de administración de justicia. Yo creo que en este escenario la política ha estado en el ambiente, pero también tenemos que entender que no todos los jueces son iguales. Hay jueces que sucumben a la influencia política y otros que no. El caso llegó a manos de una persona que no ha sucumbido a la influencia política. Si los tribunales de alzada, apelación, casación, mantienen la autonomía de independencia para garantizar una justicia imparcial, es una cosa, de lo contrario se cae el escenario.