El proyecto de ley 52, que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil en vehículos particulares y dicta otras disposiciones, aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional (AN), no va.

El presidente José Raúl Mulino indicó que se tomó el tiempo de investigar el proyecto y solicitó la asesoría legal de la Presidencia para analizarlo. “Lo más probable es que vete esa ley por inconveniente”, afirmó.

“No tiene sentido que se trate de forzar algo en vehículos privados y autobuses escolares, que es donde realmente se transportan niños de diversas edades, algunos menores de 7 años, sin cinturón de seguridad”, añadió Mulino.

Es importante resaltar que la diputada Yarelis Rodríguez, impulsora de la iniciativa, había solicitado al presidente no sancionara la ley, tras las fuertes críticas.

Ante el pleno de la Asamblea, la diputada expresó: “Hemos escuchado al pueblo panameño decir que no estamos en una situación económica sostenible en este momento y lo entendemos. Por eso, quiero pedirle al presidente que no apruebe esta ley.”

Rodríguez explicó que el objetivo principal de esta iniciativa, aprobada en tercer debate la semana pasada, es garantizar la seguridad de los menores. Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de estas sillas de retención puede reducir hasta un 70% las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito.

Las sillas deben cumplir con estándares internacionales, como la FMVSS213 (EE.UU.) y la ECE R129 (Europa). Además, deben incluir manuales en español con instrucciones claras sobre su instalación y uso correcto (artículos 10 y 11). La ley también prohíbe la importación y venta de sillas que no cumplan con las normativas vigentes.

Este proyecto ha generado una avalancha de críticas debido a que muchos consideran que, en el contexto económico actual, no es el momento adecuado para exigir el uso obligatorio de estas sillas, cuyo costo puede variar entre $60 y $700.