La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este martes el informe de objeción por inconveniencia sobre el Proyecto de Ley 726, que crea el certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos.

El diputado Leandro Ávila dijo que existe una deuda flotante, esa deuda flotante la crea la ley, no la crea la Asamblea Nacional, destaca que no ha visto incluirse en el presupuesto general del Estado ni siquiera para este año venidero el derecho que tienen los trabajadores del sector público.

Señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha pronunciado en reiteradas ocasiones del derecho que tiene el trabajador a cobrar, entonces la propuesta que hizo la asamblea no amarra al gobierno bajo ninguna circunstancia, si no le da alternativas.

Menciona que las instituciones que tengan dinero pueden pagar en efectivo como algunas ya lo están haciendo, pero explica que la mayoría de las instituciones en especial las del gobierno central no tienen las reservas, no tienen el presupuesto; entonces la ley le permite hacer documentos negociables que serían redimidos por ejemplo en el año 2025 o 2026.

Destaca que es importante que el gobierno lo analice, porque se ha planteado una reducción de servidores públicos y hay 23 mil trabajadores del sector público que están trabajando y esperando que se les pague, para poder retirarse del servicio público, entonces allí el Estado puede ahorrar 23 mil puestos sin tener que despedir a nadie.

Enrique Montenegro, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), dijo que siempre el funcionario del sector público es tratado con los pies "miren ahora mismo tenemos un problema que van a reducir planilla, están botando a funcionarios viejos, aquí hay un montón de gente que tiene más de 80 años y está trabajando en el sector público y los quieren mantener, entonces despiden a gente que necesita para su casa, para sus hijos. Nosotros creemos que hay que pagarlo en efectivo".agregó.