El exprecandidato presidencial Dimitri Flores, quien encabeza el movimiento Unidos por la Nación, expresó que la persecución política en Panamá afecta tanto a ciudadanos como a grupos independientes y figuras públicas que no comparten las decisiones de los gobiernos de turno.

Flores aseguró que esta situación no es nueva, sino que lleva más de 15 años ocurriendo en el país. “Estamos preocupados, como los más de cuatro millones de panameños, por lo que está pasando en nuestra nación”, expresó.

El movimiento indicó que tras conversaciones con distintos sectores —económicos, profesionales, trabajadores, maestros, políticos y organizaciones independientes— se ha tomado la decisión de detener lo que consideran una persecución judicial contra quienes disienten del poder.

Recordaron que incluso el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, fue víctima de este fenómeno al haber sido encarcelado por más de ocho meses durante una administración anterior.

Flores, acompañado por la abogada Dianitza Franchi, presentó una propuesta concreta: la creación de una Secretaría de Fiscalización, que estaría bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Esta entidad tendría como misión vigilar el cumplimiento correcto de las leyes y evitar que funcionarios públicos utilicen el sistema judicial como arma contra los adversarios políticos.

“Ningún funcionario debe atreverse a judicializar a un inocente solo porque no está de acuerdo con lo que dice un presidente, un ministro o un diputado. Eso es una amenaza directa al estado de derecho”, manifestó.

Desde Unidos por la Nación también criticaron que mientras el pueblo sufre las consecuencias de protestas, bloqueos y cierres de vías —como ha ocurrido recientemente en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Penonomé y Darién— “ninguno de los que gobierna se ve perjudicado”.

Flores hizo un llamado a todos los sectores sociales a unirse a esta causa para garantizar una democracia sólida, sin persecuciones y con respeto a la pluralidad de ideas. “Necesitamos instituciones que defiendan a los ciudadanos y que no se presten a persecuciones por diferencias de pensamiento”, concluyó.