Destituyen a funcionarias con fuero electoral en Cancillería
- jueves 27 de octubre de 2011 - 12:00 AM
Una vez se anunció la ruptura de la alianza de Gobierno, el pasado 30 de agosto, las autoridades aseguraron que no se darían destituciones de funcionarios panameñistas, pero la historia parece ser otra.
Fuentes oficiales informaron de la remoción de cuatro funcionarias de la Cancillería que fueron separadas de su cargo y gozaban de fuero electoral.
Se trata de Amanda López, directora de Recursos Humanos y excandidata a convencional el pasado 23 de julio, cuando el Partido Panameñista renovó su directorio nacional. Lesbia Aldeano, de la jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Mantenimiento de las Áreas Canaleras (Digemac), que participó como presidenta del Directorio Provincial de Darién.
Se le unen, Esilda De Escala, directora administrativa, que aspiró a la presidencia del Comité Circuital de Parque Lefevre y Yesenia Rodríguez, subdirectora administrativa, quien compitió como presidenta distritorial de Arraiján.
El Siglo se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para conocer los motivos de los despidos, y aunque se informó que harían las consultas, no hubo respuesta.
LEGISLACIÓN
El Código Electoral en su Artículo N.° 143 establece que: ‘Gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral (TE), excepto en caso de flagrante delito: funcionarios electorales, representantes ante las corporaciones electorales de los partidos y de candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejerzan sus funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre de este’.
La exdiputada Teresita de Arias indicó que es irritable que por el solo hecho de ser mujeres fueran destituidas, pero más preocupante resulta que se esté incurriendo en un delito electoral.
El exmagistrado del TE, Guillermo Márquez Amado, sostuvo que es un tema que debe ser revisado, aunque explicó que en sí no se constituye como un delito, a menos que se pida la restitución de los funcionarios y no se cumpla.
