Contraloría frena contratos de basura en San Miguelito: conoce las razones
- viernes 16 de enero de 2026 - 1:20 PM
La Contraloría General de la República informó hoy que no refrendó los contratos del servicio de recolección de residuos sólidos en San Miguelito, tras detectar múltiples irregularidades legales, técnicas y presupuestarias que hacen inviable su ejecución.
Según la Contraloría, la medida se tomó para garantizar la correcta prestación del servicio, dado que la Autoridad de Aseo (AAUD) había intervenido el servicio desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito. El informe señala que esta situación genera una dualidad en la prestación, lo que jurídicamente imposibilita el refrendo de los contratos.
La Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, ya que la AAUD continúa interviniendo desde el 1 de enero de 2026 por razones de orden sanitario, lo que hace jurídicamente inviable el refrendo.
Además, el análisis detectó diversos incumplimientos técnicos y administrativos, entre los que destacan la ausencia de una partida presupuestaria claramente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato, así como la falta de un estudio de mercado y de un análisis de precios que sustente el valor de referencia del servicio.
Otros incumplimientos señalados por la entidad incluyen:
-Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio.
-Ausencia del permiso sanitario de operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, requisito establecido en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 176 de 27 de mayo de 2019, indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública.
-Inconsistencias contractuales, como la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, que debían ajustarse a los términos de referencia.
-Inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.
La Contraloría reiteró a la ciudadanía que su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al buen uso de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley.