Conoce a los 10 políticos por quienes se recogerán firmas para sacarlos del poder

Un torbellino de solicitudes de revocatoria de mandato sacude la política panameña. En apenas dos semanas, del 1 al 14 de julio, diez figuras públicas, entre alcaldes, vicealcaldes, diputados, representantes y sus suplentes, se han visto envueltas en procesos que podrían sacarles del cargo.

Entre los señalados están Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, y su vicealcalde, Óliver Joel Ríos, así como el diputado Manuel Cheng, cuya revocatoria fue solicitada por el abogado Abdiel González desde el 1 de julio.

También figuran Raquel Murillo, representante del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena; José Enrique Pérez, representante de Vacamonte; y Franklin Valdez, alcalde de Barú.

La lista no termina ahí, pues el 3 de julio la diputada Paulette Thomas entró en la mira, junto a Maygualida Sánchez y Alexander Lobos, representantes suplentes de Vacamonte y Juan Demóstenes Arosemena, respectivamente.

Las solicitudes siguieron hoy y salpicó al alcalde capitalino Mayer Mizrachi, quien se suma a esta polémica lista.

Estas solicitudes se fundamentan en el artículo 508 del Código Electoral, que establece la posibilidad de revocar el mandato a alcaldes electos tanto por partidos políticos como por libre postulación.

Hay que resaltar que el pasado 8 de julio, el director de Organización Electoral del TE, Rubén González, confirmó que ya van nueve solicitudes de revocatoria contra funcionarios electos de forma independiente.

En esa ocasión, González aclaró que se estaba en una etapa inicial. “Verificamos si las solicitudes cumplen con todos los requisitos establecidos. Si es así, se procederá a emitir la resolución correspondiente”, explicó.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico electoral, se requiere recolectar un mínimo del 30% de las firmas del total de electores del circuito o área en que fue electo el funcionario.

Ese mismo día, el abogado Luis Galloway informó que el Tribunal Electoral autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para reformar la Constitución y permitir la figura de revocatoria de mandato presidencial.