Con el rancho encendido en Bocas: Mulino evalúa decretar estado de emergencia

Ante los cierres de calles y protestas en la provincia de Bocas del Toro, protagonizadas por trabajadores del sector bananero en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente José Raúl Mulino evalúa la posibilidad de decretar estado de emergencia en la región.

Para abordar esta crisis social y laboral, el Gobierno ha conformado una Comisión de Alto Nivel, que será la encargada de definir las acciones a seguir.

Las autoridades insisten en que las jornadas de protestas han sido declaradas ilegales.

Este anuncio se produce un día después de que la empresa Chiquita Panamá decidiera terminar los contratos de 4,800 trabajadores, argumentando abandono de sus puestos de trabajo y paralización de la actividad económica en la provincia. A partir de hoy, los empleados afectados deben presentarse a recibir su liquidación.

Según el Ejecutivo, la Comisión evaluará si es necesario declarar el estado de emergencia para prevenir consecuencias mayores en el conflicto laboral. La decisión se tomará en la próxima sesión del Consejo de Gabinete.

En un comunicado oficial, se detalló que la Comisión de Alto Nivel está integrada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Trabajo, Jackelin Muñoz; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Salud, Fernando Boyd; y la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León Zubieta.

Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), ha explicado que la huelga de Sitraibana es legal “porque los diputados aprobaron la Ley No. 462, que lesiona a los trabajadores bananeros”. Y que la lucha continúa.