Casi mil denuncias por violaciones en cinco meses

Cada mes, Panamá registra más de 155 denuncias por violación, una cifra alarmante que ha encendido las alertas en la sociedad civil.

Según cifras del Ministerio Público (MP), entre enero y mayo de este año se han presentado 989 denuncias, de las cuales 885 son por violaciones, y 104 por violación doblemente agravada (ver tabla).

Abril fue el mes con mayor número de casos: 193 en total, lo que equivale a un promedio de entre 6 y 7 denuncias por día.

Mientras que 380 denuncias fueron por actos libidinosos en los primeros cinco meses de este año.

El año pasado cerró con 2,657 denuncias por violaciones, mientras que en 2023 y 2022 se registraron 2,394 y 2,453 casos respectivamente.

Ante esta preocupante realidad, el gobierno respondió endureciendo las penas mediante la Ley 474 del 24 de junio de 2025, que modifica y adiciona artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.

Por ejemplo, quien acceda carnalmente a otra persona , sin importar el sexo, mediante violencia o intimidación, utilizando sus órganos genitales, enfrentará una condena de entre 7 y 12 años de prisión, en comparación con los 5 a 10 años anteriores. Si el agresor es consciente de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual incurable o del VIH, la pena se incrementará a entre 15 y 20 años.

Cuando la víctima sea menor de 14 años, tenga alguna discapacidad, se encuentre en estado de vulnerabilidad o no pueda dar su consentimiento, la sanción será de 12 a 18 años de cárcel (antes era 10 a 15 años). En el caso de víctimas entre 14 y 18 años, la pena se eleva a entre 8 y 12 años, frente a los 2 a 4 años que regían anteriormente.

También se endurecen las sanciones por actos libidinosos, que ahora serán castigados con entre 4 y 8 años de prisión ,el doble que antes, si concurren agravantes como violencia, intimidación, que la víctima sea menor de 14 años o que el agresor sea un familiar cercano, educador, tutor, cuidador o ministro de culto.

A pesar de estas reformas, muchos ciudadanos expresaron su inconformidad en redes sociales, señalando que las penas aún son insuficientes y pidiendo castigos más severos, incluso cadena perpetua. Otros, en cambio, celebran el aumento como un paso importante en la lucha contra los delitos sexuales en el país.

Para la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Lucy Córdoba, el reciente aumento de penas por delitos sexuales representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, desde una perspectiva normativa, Córdoba advirtió que el aumento de penas no será suficiente para erradicar el abuso sexual infantil, pues “un pedófilo o pederasta, impulsado por sus instintos, no se detiene a pensar en cuántos años de cárcel podría enfrentar antes de cometer una violación”.

“La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes podrá disminuir o prevenirse cuando, desde el hogar, los padres asuman su rol principal como el círculo de seguridad de sus hijos”, afirmó la defensora al reiterar que “la ciudadanía también debe comprender que la seguridad comienza en casa, con compromiso y responsabilidad familiar”.

Córdoba enfatizó que, desde el nivel normativo (leyes), se ha logrado un avance importante, pero en el ámbito programático (programas) todavía hay un atraso considerable, ya que no existen suficientes programas de prevención. Además, señaló que a nivel institucional, las entidades responsables no están cumpliendo con campañas efectivas de prevención y continúan esperando a que el delito ocurra para actuar, concluyó.