Bancada Vamos demanda la resolución de la Contraloría

La resolución emitida por la Contraloría General de la República, que faculta al contralor a aplicar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, fue objeto de una nueva demanda de inconstitucionalidad.

Se trata de la segunda demanda interpuesta contra dicha resolución, la cual fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los diputados de la bancada de Vamos. A la CSJ acudieron Roberto Zúñiga, jefe de bancada, junto a los diputados Janine Prado, Lenín Ulate, Luis Duke y Augusto Palacios.

El objetivo de la acción legal es que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 30736-B, del 30 de septiembre de 2025.

Según detalla la demanda, dicha resolución autoriza a la Contraloría a suspender pagos, retener salarios y ordenar el secuestro (congelamiento) de bienes, tanto de particulares como de funcionarios, mediante procedimientos administrativos sin control judicial ni plazo definido. Estas medidas, según el texto, se justifican en la protección de los intereses públicos, pero carecen de garantías jurídicas suficientes.

En un comunicado, la bancada de Vamos explicó que el recurso sostiene que estas facultades exceden las competencias constitucionales de la Contraloría y abren la puerta al abuso de poder, al vulnerar garantías fundamentales como el debido proceso.

En particular, se invocan los artículos 32, 47, 280 y 281 de la Constitución, que regulan aspectos como los límites de competencia de las instituciones, el principio de juez natural y la jurisdicción de cuentas.

Según los diputados, el verdadero fortalecimiento de la rendición de cuentas pasa por modernizar la contabilidad pública y revisar los contratos y precios del Estado, ya que, afirman, es en estos procesos donde suelen originarse los vacíos legales que favorecen la impunidad.