Con la presencia del director general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla Dutari, el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados dio su aprobación de manera unánime en el tercer debate al proyecto de Ley 165, que modifica el Código Penal en relación con el delito de hurto de motores fuera de borda, estableciendo una pena de prisión que oscila entre seis y ocho años.

Los diputados respaldaron esta propuesta con 52 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, siendo presentada por su colega Jorge Herrera el 11 de febrero de 2025 durante la Sesión Ordinaria de este cuerpo legislativo, en concordancia con lo estipulado en el artículo N° 109 del Reglamento Orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados.

En declaraciones a los medios, el director general de ARAP manifestó que la aprobación de este proyecto en su tercer debate tiene como propósito integrar en el Código Penal el delito de robo y hurto de motores fuera de borda, con el objetivo principal de aumentar las sanciones, elevando la pena de cárcel de seis a ocho años para quienes participen en actividades delictivas que afecten a los pescadores artesanales del país.

El robo y hurto de motores representa, según el alto funcionario de ARAP, el principal desafío que enfrentan los pescadores artesanales, quienes son víctimas de la delincuencia y la piratería en alta mar. Estos profesionales del mar sufren constantemente asaltos en los que les sustraen sus motores, sus herramientas de pesca, redes y el producto de sus jornadas, poniendo en grave riesgo sus vidas al dejarlos a la deriva y sin opciones de movilidad.

Eduardo Carrasquilla indicó que los lugares donde se han reportado la mayor incidencia de robos y hurtos son principalmente las costas de Darién y la Riviera Pacífica, abarcando áreas desde Punta Chame hasta Río Hato en Antón, Coclé, siendo estas las regiones más afectadas por este tipo de delitos.

Por su parte, el Diputado Jorge Herrera, autor del Proyecto 165, afirmó que este representará una salvaguarda para los pescadores artesanales que se adentran al mar en busca de recursos marinos y el sustento para sus familias. Además, destacó que este proyecto será remitido al Órgano Ejecutivo para su aprobación por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, y posteriormente se convertirá en ley de la República.