- jueves 22 de mayo de 2025 - 12:00 AM
Un día después de denunciar que los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) estaban siendo víctimas de persecución, su secretario general, Saúl Méndez, recurrió a una jugada similar a la del expresidente Ricardo Martinelli: pidió asilo político.
A las 2:30 de la madrugada de ayer, Méndez saltó la cerca de la Embajada de Bolivia en Panamá, buscando refugio ante lo que calificó como una persecución política.
Suntracs se mantiene en paro desde el 28 de abril, exigiendo la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a la reapertura de la mina. En medio de este escenario, uno de sus dirigentes, Jaime Caballero, fue detenido bajo cargos de blanqueo de capitales y otros delitos. Desde el sábado, permanece recluido en el centro penitenciario La Joya. Según Méndez, Caballero es un “preso político”.
Temiendo correr la misma suerte, Méndez , quien lidera el sindicato desde 2010, no lo pensó dos veces y solicitó asilo político.
Y al parecer, sus dudas no estaban alejadas de la realidad. En horas de la tarde de ayer, fuentes extraoficiales revelaron que la Fiscalía habría emitido órdenes de captura contra varios dirigentes del Suntracs, incluidos Saúl Méndez, Genaro López (exsecretario general del sindicato) y otros miembros de la organización. Sin embargo, los abogados del sindicato han asegurado desconocer la existencia de dichas órdenes.
Incluso, ayer continuaron los allanamientos en otras oficinas del Suntracs, entre ellas las de la Avenida Perú y su sede en San Miguelito.
Durante una conferencia de prensa, Suntracs advirtió que la vida de Méndez estaba en peligro, lo que motivó su decisión de refugiarse en la embajada. Yair Córdoba, vocero del sindicato, afirmó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha emprendido una “persecución” contra los miembros de Suntracs, con el objetivo de “desmantelar” la organización.
“En este país nunca se había cancelado la personería jurídica de una cooperativa. Eso demuestra claramente la intención de hacerle daño al sindicato”, sostuvo Córdoba.
La solicitud de asilo de Méndez se presentó pocas horas después de que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) cancelara la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., por presuntas violaciones a normas financieras y de prevención del blanqueo de capitales.
La directora ejecutiva del IPACOOP, Erica Vargas de Gonzáles, explicó que la decisión se basó en una auditoría iniciada en 2022, que arrojó 14 irregularidades financieras y 10 incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Méndez se encuentra bajo la figura de “protección temporal” dentro de la Embajada de Bolivia en Panamá. Actualmente, su solicitud está siendo evaluada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, Bolivia, según informó el encargado de negocios de esa legación diplomática.
El canciller Javier Martínez-Acha declaró que están a la espera de una decisión oficial por parte de la Embajada de Bolivia. No obstante, rechazó tajantemente la idea de que Méndez esté siendo perseguido. “Panamá es un país donde se respeta el Estado de derecho. Méndez no es un perseguido político”, afirmó.
El episodio ha generado una ola de reacciones encontradas. Uno de los comentarios más notorios fue el del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, quien escribió en redes sociales: “Mulino hizo lo que nadie pudo. Me quito el sombrero, en verdad. Ya era hora de que alguien le ponga el cascabel al gato”.
Mientras que Ricardo Morales, político y excandidato a la vicepresidencia, expresó su apoyo al sindicato: “Toda mi solidaridad con Suntracs. El gobierno podrá inventar acusaciones, arrestar dirigentes, reprimirlos... y seguirán protestando, como también lo hará todo Panamá. Si creen que esto termina aquí, se engañan. Apenas comienza”.
El propio presidente Mulino, el pasado 15 de mayo, calificó públicamente al sindicato como una “mafia sindicalista”, mencionó el caso de Caballero y advirtió que “vendrán otros”.
