Acodeco refuerza vigilancia ante irregularidades en útiles y uniformes escolares
- lunes 26 de enero de 2026 - 11:30 AM
De cara al inicio del nuevo período escolar, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que mantendrá una vigilancia estricta para sancionar prácticas irregulares como la venta atada de uniformes, libros y otros artículos escolares.
El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, reiteró que este tipo de prácticas está prohibida por la Ley 45 de 2007, la cual establece que los centros educativos no pueden obligar a los padres de familia a adquirir uniformes o útiles escolares exclusivamente dentro del plantel o en un comercio determinado.
Abadi Balid explicó que los colegios únicamente deben definir las características, colores, telas y diseños de los uniformes o los útiles requeridos, pero deben permitir que los padres escojan libremente dónde comprarlos, de acuerdo con su presupuesto. Esta medida, señaló, fomenta la libre competencia y protege la economía familiar.
Asimismo, aclaró que cuando un centro educativo decide cambiar el uniforme, la recomendación de un proveedor específico no puede ser obligatoria y debe existir un margen de tolerancia que permita a los consumidores adquirir los productos en otros establecimientos.
El administrador hizo un llamado a los padres de familia para que denunciaran ante la Acodeco cualquier imposición o irregularidad, incluso de forma anónima. Indicó que la institución investigará y sancionará de manera ejemplar a los colegios que incumplan la normativa vigente.
Abadi Balid subrayó que esta administración será más enérgica en la fiscalización de estas prácticas, especialmente durante la temporada de inicio de clases, con el objetivo de erradicar una conducta que por años ha afectado a los consumidores.
Además, el administrador recordó que los centros educativos particulares deben cumplir con las regulaciones vigentes sobre matrícula y ajustes de costos establecidos por el Ministerio de Educación, y destacó que la participación activa de los padres de familia es clave para denunciar irregularidades y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.