Sobre los aportes del Estado a la CSS

El Proyecto de Ley 163, que modificaría la Ley 51 de 2005 de la CSS, recién presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, señala un aporte del Estado de B/ 966 millones para cubrir el déficit actuarial del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual provendría de los excedentes que paga el Canal de Panamá al Estado y de las mejoras en la recaudación tributaria, que puede llegar a B/ 1,200 millones anuales.

Sin embargo, el gobierno no tiene contemplada esa partida en el presupuesto nacional 2025 e, incluso, el Ministro de Economía y Finanzas ha declarado que si los aportes del Estado no son manejables a través de una fuente de ingresos identificada, pediría el veto de la Ley (LEP, 18/11/24).

Por otro lado, la evasión fiscal en nuestro país es cuantiosa. Se calcula que sólo en Impuesto de ITBMS, la misma puede ser de B/ 1,500 millones; y en materia de impuesto sobre la renta somos el país que menos impuesto sobre la renta recauda en Latinoamérica, y cuya tasa no supera el 13%. Se calcula que este aporte del gobierno implicaría un incremento del 65% de la recaudación fiscal, lo cual es difícil que opere a un corto plazo, sin una reforma fiscal, según lo afirmó la empresaria Aida Maduro (LEP, 10/11/24). Ni hablar del incumplimiento absoluto de la Ley 51 que obliga al Estado a recaudar para el programa de IVM, el 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorgue en materia de fibra óptica.

Según el economista, Felipe Argote, el aporte del Estado a las pensiones en Europa es del 12 a 15% del PIB. En Brasil es del 10%; en Uruguay, del 9%; en Costa Rica, del 5%. Sin embargo, en Panamá es de apenas el 0.1%, es decir, B/ 140 millones) según la Ley 51, y no lo paga desde el 2020. Mientras que El Salvador recién incrementó la pensiones a los adultos mayores y sólo percibe un tercio de los ingresos de Panamá.

Dado el rechazo de las organizaciones populares y la ciudadanía de las medidas paramétricas hay que estudiar la viabilidad de estos aportes del Estado. Según J. Jované, sólo resolviendo los problemas de evasión se podría “mantener el sistema solidario con una base financiera bastante sana” (LEP, 8/11/24).