Desde su aparición con la Ley 16 de 2016, el funcionamiento de la “Justicia Comunitaria de Paz” ha sido el blanco de sesudas críticas. Nos estamos refiriendo a una estructura administrativa que venían a remplazar a las mal recordadas “Corregidurías de Policía”, aquel aparataje que se ajustaban a la perfección al esquema de los de control político y “saperías” en los regímenes autoritarios del pasado.
En apariencia, una y otra no presentan diferencias significativas, pero con un acercamiento a la lupa, dejan expuestas sus radicales diferencias. El mantenimiento de la vida comunitaria constituye el propósito de ambas; sin embargo, la una lo hace en el interés del orden público, y la otra en el interés de la colectividad.
Aunque las disposiciones legales que crearon la justicia comunitaria, y las que con posterioridad la modifican (Ley 467 de 2025), insisten en su compromiso de asegurar la paz en la comunidades, en realidad no buscan fortalecer la comunidad, sino más bien insisten consolidar la presencia de la autoridad en ese servicio.
A la Justicia Comunitaria de Paz, se le ha de incluir dentro del Sistema Acusatorio, para conocer de una cantidad de conductas conservan su carácter delictivo, pues las penas aparejadas son ridículas, y otras suponen daños a intereses privados, que a al orden público.
Como suele ocurrir en nuestro medio, la justicia Comunitaria de Paz encontró en los excesos de los Corregidores su razón de ser, y no en las condiciones de nuestros corregimientos. Son muchas las comunidades en las que se rechazan las propuestas de paz que presenta “la Autoridad”, debido a que la comunidad prefiere mantenerse a distancia.
Y si a eso le sumas la violencia reinante en ellas, con mecanismos de solución que les propone el crimen organizado, a sus problemas vecinales. Si no se fomentan programas para fortalecer el espíritu comunitario, la fragmentación social vigente en la marginalidad social, convertirá la presencia de la Casa de Paz en una espacio burocrático, en medio de espacios crecientes de hambre y miseria, condiciones propicia para que la violencia germine con más fuerza.
¿Alguien llevará las mediciones de los niveles de paz alcanzados en las comunidades con sus decisiones?
