Los vacíos informativos son signo preocupante de deterioro institucional. El caso del joven funcionario aeroportuario hallado sin vida, tras la aparición de un vehículo calcinado, ha expuesto la tragedia familiar y la incapacidad del Estado para comunicar con rigor y empatía. Mientras crecen las preguntas, las autoridades permanecen en silencio o se limitan a declaraciones imprecisas que agravan la incertidumbre.
El problema no es solo policial. Es social y educativo. La ausencia de información clara genera desconfianza, propicia rumores y convierte el espacio público en un terreno fértil para la desinformación. Cuando los ciudadanos no disponen de una voz oficial creíble, terminan sustituyéndola con versiones anónimas, audios de dudoso origen y especulaciones que multiplican el miedo.
Se debilita la credibilidad institucional, se alimenta la sospecha y se normaliza la idea de que nada es investigado a fondo.
Las autoridades pueden informar lo esencial sin afectar las pesquisas: confirmar fechas, describir procedimientos, explicar los pasos procesales. No se compromete la justicia; al contrario, se le refuerza.
Un vehículo calcinado —pieza clave — fue tratado como un detalle marginal. En una investigación seria, ese hallazgo orienta la línea forense y puede determinar si hubo encubrimiento, accidente o dolo.
En Costa Rica y Chile, existen protocolos de comunicación que informan, con precisión y sin vulnerar la reserva, sobre los aspectos básicos de un caso de esta naturaleza. Las fiscalías mantienen unidades de prensa que actualizan con datos verificables y lenguaje técnico comprensible. Esa práctica fortalece la confianza institucional.
Cuando el Estado calla, la sociedad inventa su propio relato, y ese relato rara vez se ajusta a la verdad. El silencio prolongado no protege la investigación: la debilita.
Cuando el Estado calla, la sociedad inventa su propio relato, y ese relato rara vez se ajusta a la verdad.
