Siguen los laberintos mineros

Ayer escuché a Saúl Méndez abrogarse el nombramiento de vocero del pueblo en este movimiento. Lo hizo desde la Asamblea Nacional. ¡No, Saúl, en mi caso particular, no le he dado mi voto para que hable por mí en la Asamblea Nacional! Una cosa es que coincidamos con los motivos de las manifestaciones y otra muy distinta es que esté de acuerdo con sus formas y métodos. Ayer lo escuché, con su verbo encendido de siempre, hablar en nombre del pueblo panameño y eso no es correcto. Sus palabras seguirán siendo a nombre de un minúsculo grupo de ciudadanos que tienen su forma de enfocar y luchar, pero no me incluya en esa lista. Se le agradece lo que hace, pero le reitero… no comparto sus métodos. Y sobre el tema, hizo bien la Corte Suprema de Justicia al informar que las demandas de inconstitucionalidad tendrán carácter de urgencia, pero cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. Y los dos procuradores coinciden en que el contrato minero es inconstitucional. Así se lo hicieron saber a la Corte Suprema luego del traslado para la consulta. Si bien estas opiniones no son de cumplimiento obligatorio por lo menos señalan el camino a los miembros de esa corporación judicial.

Y nuestro analista jurídico Abel Comrie nos habla sobre lo que ha calificado como las estrategias del PRD en este sancocho de enfrentamientos y protestas.

“Me ha quedado clara la estrategia de PRD/GOBIERNO/MINERA

1. Van a aprobar a tambor batiente la derogatoria, a sabiendas de que no es la ruta más conveniente para el país.

2. Esto provocará que la Corte decrete la sustracción de materia de las demandas de inconstitucionalidad y ordene el archivo de los expedientes.

3. Luego la minera demandará la ley que derogó la ley 406 y volvemos al principio: limbo jurídico y la minera operando.”

Por otro lado, un grupo de abogados hizo un pronunciamiento público sobre qué es lo más conveniente en este momento. Por considerarlo de interés nacional lo difundo de manera íntegra.

“EL CAMINO CORRECTO

Nosotros, los abajo firmantes, todos ciudadanos y abogados en ejercicio, reunidos en una Acción Colectiva Independiente, asumiendo nuestra responsabilidad frente a la grave situación de deterioro institucional motivados por los conflictos derivados de la aprobación acelerada, inconsulta e irresponsable de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, habiendo participado en los debates objetando la aprobación de dicha Ley, habiendo promovido y presentado una Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 406, deseamos advertir de los riesgos que implicaría no esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideramos declararían la Inconstitucionalidad de dicho Contrato, que una derogatoria por Ley de la Asamblea Nacional podría provocar.

En nuestra condición de abogados y de ciudadanos somos conscientes de los delicados momentos en que vivimos, de la contestación y rechazo popular a la Ley 406 y de la necesidad de ofrecer una salida al conflicto, pero los riesgos analizados de derogar la Ley, por otra Ley, aparte de tener una constitucionalidad discutida y de posiblemente generar una sustracción de materia en los Recursos de Inconstitucionalidad ya presentados y de impedir la continuación de los Procesos Constitucionales, podrían tener repercusiones importantes y desmejorar la posición contractual y acrecentar las responsabilidades que esta derogación podría generar.

Es por ello que debemos entender que la cláusula 46 del Contrato que habla de arbitraje, establece como una excepción la materia constitucional que se refieran a la guarda de la integridad de la Constitución Política de la República de Panamá.  Por tanto, estimamos que es esta la principal vía que tenemos para resolver la situación, sin comprometer la posición del país frente a las reclamaciones o negociaciones futuras, porque el problema no termina con la derogación de la Ley y la extinción del contrato, pues hay una mina y una empresa que no podemos ignorar.

Considerando que los riesgos de una derogatoria pura y dura no son los convenientes, llamamos a la ciudadanía a la serenidad y a los Diputados a la reflexión y, en caso de aprobación, solicitamos al Ciudadano Presidente, a que no sancione dicha ley y que espere que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. No obstante, es importante que durante este proceso se promueva la apertura de un corredor humanitario que garantice la convivencia pacífica, la satisfacción de las necesidades básicas y la salud.

No podemos comprometer el destino de la Nación por actos apresurados, adoptados al calor de la necesidad de resolver las reclamaciones inmediatas, olvidándonos de los efectos futuros. En consecuencia, estimamos necesario y recomendable esperar el pronunciamiento de los Procuradores y de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué aprobó ayer en segundo debate el pleno de la Asamblea Nacional? Mediante el proyecto de ley 1,110 los diputados decidieron derogar la Ley 406 sobre el contrato minero y establecer una moratoria en las concesiones para minería metálica. Esto fue en la comisión de Comercio. Por otro lado, desde la comisión de Gobierno parece que le dirán no a la pretensión del presidente Cortizo de hacer una consulta popular. Los magistrados del Tribunal Electoral objetaron la realización de una consulta popular debido a tres razones, los tiempos son cortos, las condiciones del país no son las propicias y no existe el dinero para tales efectos. Se estima que un referéndum constaría más de 11 millones de dólares. Hoy se debe dar el tercer debate para luego trasladar el resultado de las votaciones al palacio de Las Garzas. Y mientras esto ocurre hay vientos de enfrentamientos en los sectores de las tierras altas. Los residentes exigen la apertura de las vías para trasladar sus productos a la capital. También lo piden para que las poblaciones se puedan abastecer y para que los enfermos puedan recibir las atenciones médicas, en especial aquellos que dependen de tratamientos semanales permanentes como los de hemodiálisis.

Para finalizar este sancocho resumo el querer de muchos abogados. No es conveniente la derogación de la ley 406. Lo que debemos esperar es el pronunciamiento de la Corte Suprema. Ahora, si la decisión final de la Asamblea es la derogación los abogados piden al Ejecutivo el veto, hasta esperar el pronunciamiento sobre las demandas de inconstitucionalidad. Uno de estos letrados aseguró, bajo la reserva de la fuente, que otro paso en falso de este gobierno provocará la radicalización de las protestas con graves consecuencias para la nación. Abrazos y reitero, el verdadero cementerio de los seres humanos está en la mente. Aprovechen para recordar los momentos felices que pasaron con aquellos seres queridos que ya no están entre nosotros.