Los coletazos del innecesariamente prolongado y accidentado proceso que concluyó con la aprobación, con una votación significativamente dividida, del proyecto de ley para reformar el Seguro Social; las protestas anunciadas para rechazarlas; la demanda de inconstitucionalidad ya interpuesta; los rencillas internas que desnudan las rivalidades crematísticas existentes por el control de los partidos, en las que se pelean los millonarios subsidios electorales); la interminable crisis del agua, acicateada por la discutible conveniencia del proyecto de Río Indio; el todavía no aclarado, por falta de transparencia, estatus de los puertos terminales del Canal; el desenlace del conflicto minero; y algunos otros etcéteras entre los que están las reformas electorales y las constitucionales, presagian que este 2025 será de grandes agitaciones.
Si para algo debe servir la experiencia vivida con el caso del Seguro Social, la lección debe ser que para evitar el calentamiento de la temperatura social y alejar las confrontaciones, son necesarias la transparencia y las explicaciones a tiempo, por parte de las autoridades y actitudes más constructivas de parte de todos los actores y voceros de los intereses, políticos, económicos y sociales que se mueven en los otros ámbitos de la vida nacional.
Por controvertido y, en gran medida por su desacertado manejo por sus promotores, el proyecto que culminó en la aprobación de la Ley 462, tuvo como resultado el notable fraccionamiento de la votación final. Ante ese hecho, razonable y positivo hubiera sido que, en lugar de emprenderla, como ha ocurrido, contra quienes votaron en contra, se buscara tender los puentes para valorar sus objeciones, especialmente porque el debate sobre el Seguro Social está muy lejos de haberse agotado y porque en un futuro muy próximo al Órgano Legislativo le tocará debatir otros proyectos trascendentales, como el eventual contrato-ley de la minería o la concesión de los puertos, sin contar que todavía está pendiente aclarar muchos detalles del sancocho en que se ha convertido el Presupuesto General en ejecución y que para el próximo mes de julio deberá presentarse el proyecto para el del 2026.
Mesura y decidida capacidad para concertar son recetas virtuosas para bien gobernar y para la paz social, especialmente necesarias en una sociedad como la nuestra presente, donde hasta ahora, y desafortunadamente, pareciera que, deliberadamente, nos empeñáramos en violarlas.
