A raíz de los resultados de los comicios del 5 de mayo, donde el Presidente sólo obtiene el 34.23% de los votos válidos, es decir, menos del 50% del electorado, se ha vuelto a esgrimir la conveniencia de una segunda vuelta electoral, para asegurar que el mismo responda a la voluntad mayoritaria de la población electoral.
La segunda vuelta o balotaje consiste en que, si ningún candidato obtiene un mínimo de votos (por lo general más del 50%), los 2 mayormente votados en una primera vuelta asisten a una segunda, para definir quién tiene la mayoría absoluta para ejercer el cargo respectivo.
En América Latina, sólo México, Venezuela, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Panamá no la han implementado, para la selección del primer Mandatario.
En nuestro país, en las 7 elecciones post-invasión, sólo Martinelli obtuvo más del 50% de los votos.
En el 2023, el diputado Hernán Delgado presentó anteproyecto de ley que la establecía, de manera que los candidatos electos tuviesen mayoría absoluta de votos en lugar de mayoría simple. La misma no prosperó. Y provocó un debate de si la Constitución permitía una segunda vuelta o no. Lo cierto es que ésta establece (artículo 177) que el Presidente “será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos, para un período de 5 años”, sin entrar a definir “mayoría de votos”. Sin embargo, el Código Electoral (artículo 44) señala que la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como presidente y vicepresidente a los candidatos “que aparezcan en las boletas que hubiesen obtenido el mayor número de votos”, refiriéndose a la mayoría simple y no a una mayoría absoluta de votantes.
Aunque se habla de ventajas de este sistema como aportar mayor legitimidad y capacidad de gobernabilidad, también se indican desventajas como favorecer pactos políticos entre sectores ideológica y políticamente divergentes constituyendo una mayoría artificial o conducir al electorado a votar por “el menos malo”.
Lo cierto es que nuestro sistema electoral adolece de otros males como: el ultra presidencialismo, la partidocracia, el clientelismo político, la reelección indefinida en otros cargos, el residuo electoral, la revocatoria de mandato en manos de cúpulas partidarias, la ausencia de otros mecanismos de participación popular.
Es lamentable que en Panamá, la gobernabilidad del Presidente o partido en el poder sea sinónimo del control del Legislativo por el Ejecutivo y de compra o alquiler de diputados, un esquema político cerrado que favorece la corrupción y al servicio de las élites económicas.
