¡A seguir el ejemplo!

Una legislación defectuosa y la complicidad del Tribunal Electoral han vetado al pueblo panameño su derecho a conocer los orígenes de los dineros usados por los candidatos a puestos de elección, desde los presidenciables hasta los de corregimientos.

El muy zarandeado proyecto de reformas al Código Electoral tampoco propone cambios para obligar a desvelar las fuentes de los candidatos y las campañas políticas, que alcanzan cifras escandalosas que ofenden la pobreza de centenares de miles de nuestros compatriotas.

Podrá decirse que lo hizo tardíamente o que la lista no refleja la totalidad de las donaciones, pero la decisión del presidente Varela de divulgar los contribuyentes a su campaña, tuvo el efecto de un emplazamiento público para que todos los otros candidatos, sin excepción, publiquen los nombres de quienes los financiaron.

El dinero que se aporta a los candidatos a la presidencia no es lo único que financia las campañas políticas. Los partidos y todos los otros candidatos, de una forma u otra, también alimentan sus campañas con donaciones privadas. Todas deben ser reveladas, incondicionalmente.

Es saludable que el Sr. Navarro haya seguido el camino marcado por su vencedor en las pasadas elecciones y, a la par, es censurable que el candidato de Cambio Democrático se aferre al secretismo.

Si una reforma es importante a nuestra legislación electoral es la introducción de normas encaminadas a controlar el monto de los dineros que consume nuestra política. Proporcionalmente, estamos entre los punteros, si es que no disputamos el oscuro honor de ser el país que más gasta en las campañas políticas.

La publicación de las donaciones, por dos de los candidatos de las pasadas elecciones es un avance notable, pero si solo nos quedamos allí, serviría de muy poco. Lo que sí serviría es que de una vez por todas se elimine el nefasto artículo 209 del Código Electoral, que patrocina los secretismos.

*Jurista