Se requiere justicia y voluntad

Desde hace varios años venimos luchando en busca de la estabilidad de los abogados al servicio del Estado y una permanencia que permita excluirlos de los vaivenes políticos.

Esta lucha ya venía siendo liderada por el hoy Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Alberto Vásquez Reyes cuando fue presidente del Colegio Nacional de Abogado, y luego como presidente de la Academia Panameña de Derecho Administrativo.

Lo que dio pie a que juntos en mi condición de presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas por vía de la participación ciudadana se presentara esta propuesta. El tema surgió luego de concluir de cómo podría el sector público optimizar el servicio, sin tener que pensar, que luego de cinco años ese servidor público sería reemplazado por otra persona por razones políticas.

Estas realidades representan profundos retrasos y pérdidas en dinero invertido por el Estado en las capacitaciones y perfeccionamientos profesionales de los letrados al servicio de la cosa pública.

Brindándoles estabilidad, y confianza de que sus cargos y su desempeño honrado, dedicado, permitiría garantizar la posibilidad de crecer por el mérito y no por el gobierno de turno, pues los gobiernos pasan, pero el Estado es permanente.

De esa manera se logró que el Proyecto ley 481 de 2018 fuera aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate y de ahí fue remitido para su sanción en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, y luego al presidente Laurentino Cortizo Cohen, y ninguno la sancionó tirando al tinaco de la basura la esperanza de muchos abogados de alcanzar la tan esperada estabilidad.

Al no ser sancionado el Proyecto de ley, lo procedente es iniciar todo nuevamente de cero. La semana que pasó el grupo GUIA, hizo los acercamientos con el Diputado Ernesto Cedeño para retomar la lucha, lo que es aplaudido por nosotros.

La estabilidad de los Abogados al Servicio del Estado debe verse como un acto de justicia para los cientos de abogados que trabajan en las oficinas públicas, quienes con sus capacidades y años de servicios son las memorias históricas de esas instituciones, con salarios de hambre.

El logro de alcanzar que esta iniciativa sea ley de la República solamente traerá la satisfacción individual de haber hecho lo correcto.

No puede haber política, lucha gremial, ni diferencias de cualquier tipo que enturbien un acto desprendido de justicia para los abogados.