Se derrumba su mundo

El embarazo en adolescentes (15 a 19 años), tiene tendencia a ser normalizado y no es correcto hacerlo, porque éste se vincula a contextos de pobreza y a la reproducción de desigualdades sociales. Además, refleja situaciones de violencia sexual y de abuso, que son apenas dos de los factores vinculados a esta problemática. Éste tiene alto costo socioeconómico por gasto en salud y pérdidas fiscales.

Se derrumba su mundo, el de la adolescente embarazada que confirma ya sea por una prueba científica o porque su vientre crece semana a semana. Sabe o al menos sospecha que nada será igual, porque es una situación que no encaja en la dinámica natural de la vida de una adolescente. Se expone a la censura moral, rechazo de familiares y amigos. El sistema educativo les brinda la oportunidad de continuar estudiando, pero sin la orientación y apoyo de la familia le será muy difícil continuar haciéndolo. Por otro lado, el progenitor de la nueva creatura es “invisible” está, pero no está, porque si se produjo por violación sexual de algún familiar cercano la víctima reserva su nombre por temor e incluso en ocasiones la misma familia no lo denuncia convirtiéndose en cómplice y victimizando a la adolescente que, es mantenida en el ciclo de violencia. Las adolescentes en su mayoría son embarazadas por adultos, no por otros adolescentes.

Según cifras de los Informes de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, desde 2010 a 2022, el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes se ha duplicado, pasó de 660 a 1393, respectivamente, siendo las niñas y adolescentes las más afectadas. Cada día se publican noticias sobre aprehensiones de abusadores y violadores sexuales, entre los que destacan los padrastros, tíos, abuelos, educadores, vecinos; circulo cercano de las víctimas. Las preguntas que nos hacemos e: ¿Estos violadores son condenados? ¿Luego de cumplir su condena, reinciden?, es aquí donde cobra importancia la urgente necesidad de implementar la publicación del listado de ofensores sexuales, para que sepamos quiénes son. Tarea pendiente de los entes responsables.

La protección del Estado, a través de políticas públicas que contribuyan a la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, es imperante.