¿Qué sucedió?

A través de las redes sociales y medios de comunicación, nos enteramos de lo que a toda luz parece ser un hecho violento y atroz, contra una joven estudiante, líder, inteligente, con sueños y metas como cualquier joven a su edad. Esta destacada estudiante fue elegida en su colegio de Panamá Oeste, como diputada juvenil, para ser su representante en el programa: Asamblea juvenil 2023-2024, en su XVI versión, organizado por instituciones estatales y la Asamblea Nacional y cuyo objetivo es promover y fortalecer el liderazgo en la juventud. Todo lo positivo que un programa como el referido debe propiciar se convirtió en una pesadilla de terror para ella y su familia, con alcance a todo su entorno, porque lo que presuntamente sucedió alcanza y afecta a toda la sociedad. Sociedad que ha mostrado indignación y repudio ante lo que se presume que sucedió.

¿Qué sucedió?, esta respuesta la tendrá que dar el Ministerio Público, cuando realice la investigación objetiva, transparente y en tiempo perentorio, actuando con celeridad, porque esa respuesta es esperada por la familia de la víctima y la sociedad en su conjunto. Éste no puede ser un caso más en el que la investigación se diluye en el tiempo, se cubre con otros casos y queda en el olvido con el sentimiento de impunidad y ausencia de justicia. La justicia tardía, no es justicia y abona a la ausencia de certeza del castigo.

Por otra parte, tan importante como la investigación de rigor, tenemos que tomar en cuenta que los estudiantes participantes de ese programa: Asamblea juvenil 2023-2024, fueron confiados por sus acudientes a los organizadores, ¿qué protocolo para cuidar, mantener seguros y garantizar su integridad fueron aplicados?, obviamente pareciera que no se aplicaron con eficacia, lo que nos lleva a otra pregunta ¿quién o quiénes violaron ese protocolo? Urge que las investigaciones revelen las respuestas, para tranquilidad momentánea de todos, porque cada día hay menos espacios seguros para niñas, niños, adolescentes y mujeres. También urge que se active la institucionalidad y apliquen políticas pública en favor de la población más vulnerable.

Evitemos revictimizar a la víctima, porque al hacerlo violentamos sus derechos.

GRUPO INICIATIVA POR LA PARIDAD