Pueblo exige leyes y políticas de beneficio social

Hoy vivimos las consecuencias de la escala inflacionaria que ha incrementado el precio del barril de petróleo, producto de la guerra en el Medio Oriente. Esta situación trae como consecuencia el aumento generalizado de los precios en bienes y servicios, provocando la disminución del poder adquisitivo.

Frente a estos acontecimientos es imperante que el gobierno genere y aplique “con paso firme”, políticas económicas de estabilización eficaces de control sobre el gasto público y especulación en los precios.

A lo citado, el ministro de Economía y Finanzas expresó, que se dará a conocer un Plan Estratégico para mitigar el aumento del combustible.

Confiamos que ese plan contemple, además de las medidas expuestas, mantener el subsidio al tanque de gas de 25 libras, al costo del metro bus y el consumo de energía hasta 300 kw.

Otras medidas que deben ser consideradas son: ajuste de los exorbitantes salarios y viáticos que ostentan un reducido grupo de funcionarios inmediatos al círculo de poder, la eliminación de la partida discrecional, el alquiler de autos, en un país con crisis económica aún sin superar y con un desempleo galopante. Escenario que, con el actual contexto, puede agravar nuestra situación existente.

Por otro lado, debido al interés del presidente Mulino de modificar la Ley 42, de 2011 referida al bioetanol, aprobada durante la administración Martinelli, la misma fue inhabilitada por causas en su producción.

Ahora, mediante Ley 443 (2026), el Ejecutivo pretende modificar la Ley 42 (2011) y establecer lineamientos de política nacional sobre biocombustibles, argumentos dirigidos al beneficio de los magnates del alcohol.

No se cuestiona que el Ejecutivo presente lineamientos para una política de biocombustibles. Se cuestiona que, justificados en esta política, se quiera hacer obligatoria la mezcla de bioetanol en la gasolina.

En otrora, cuando se tomó igual medida, se conoció de vehículos que sufrieron desperfectos, motivo que contribuyó a la inhabilitación de la Ley 42.

Correcto y sabio sería promover que se habiliten estaciones de combustibles determinadas (al interés del cliente), para la venta con bioetanol o sin bioetanol. El consumidor tiene el derecho a satisfacer sus necesidades, sin imposiciones.

Por último, no podemos olvidar que, desdichadamente, la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos esta institucionalizado, en menoscabo de los contribuyentes y contra el bienestar de la población.

Por ello es imprescindible que, frente al conflicto de intereses de altos funcionarios del gobierno, políticos del medio y empresarios cercanos al poder, accionistas en el mercado de hidrocarburos, entre ellos, el bioetanol, la Asamblea Nacional apruebe una Ley de justicia social, que beneficie los intereses de la población que los eligió y no a intereses oligopolistas de particulares del gobierno de turno y sus allegados.

Economista, educadora, máster en Recursos Humanos