La presunción de inocencia es un pilar fundamental del derecho penal y un principio de justicia universal que garantiza que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio imparcial. Este principio, consagrado en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y en la constitución de la República de Panamá, establece que la carga de la prueba recae sobre el acusador y no sobre el acusado.
El valor de la presunción de inocencia radica en proteger a los ciudadanos de posibles abusos por parte del poder estatal, evitando condenas injustas y asegurando que cualquier restricción de derechos sea debidamente justificada. En este sentido, el Estado debe presentar pruebas sólidas y concluyentes antes de que se dicte una sentencia condenatoria. El acusado, por su parte, no tiene la obligación de demostrar su inocencia, ya que su estado natural es la inocencia hasta que el contrario se pruebe.
Sin embargo, la aplicación de este principio enfrenta desafíos en la práctica, como la presión social y mediática que puede influir en la percepción pública de la culpabilidad de un acusado, y la existencia de medidas preventivas, como la detención preventiva, que pueden percibirse como una contradicción. A pesar de estos retos, la presunción de inocencia continúa siendo una garantía esencial en el sistema penal actual, promoviendo el equilibrio entre los derechos del individuo y las necesidades de seguridad y justicia social, y reafirmando el compromiso de los sistemas judiciales con la justicia imparcial y la dignidad humana.
