El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, el propio Estado con sus instituciones y el sector privado deben someterse al cumplimiento de las leyes que se aprueban en una sociedad determinada.
Es una construcción jurídica propia del liberalismo, el cual a la hora de sustituir las monarquías absolutas por los estados liberales, fundamentaron su legitimidad en la legalidad, es decir, en la fuerza de la ley, y no en la arbitrariedad del monarca, de manera de garantizar la convivencia social.
Indistintamente de las diferencias conceptuales y de las diversas corrientes ius-filosóficas, sobre la función del Derecho y la legitimidad del Estado, lo cierto es que los reclamos de justicia de la humanidad en los diversos momentos de inflexión histórica -como lo fueron las posguerras- se plasmaron en una normatividad internacional de derechos humanos que debe servir de inspiración a las legislaciones nacionales. Y allí están los títulos III y IV de la Constitución Política vigente, relativos a los derechos individuales, sociales y políticos, que deben ser interpretados conforme el principio de la convencionalidad. Son conquistas de los pueblos.
Como dice Ihering: “Todo derecho que ha existido en el mundo debió ser adquirido por la lucha, los principios de Derecho que están hoy en vigor han tenido que ser impuestos por la lucha a quienes no los aceptaban; por ello todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, suponen que sus titulares, el pueblo y el individuo, estén constantemente dispuestos a defenderlo” (1879).
Técnicamente no vivimos una dictadura militar ni se han suspendido las garantías constitucionales por la vía formal, pero las mismas están siendo violentadas sistemáticamente. La represión policial en las calles ha sido abusiva, las detenciones han sido arbitrarias, ejecutándose la criminalización de la protesta social y la persecución política de dirigentes populares.
Es por ello que hicimos un llamamiento a los colegas, en el Encuentro de Abogados ¡Por el Estado de Derecho, la libertad sindical y la soberanía nacional!, celebrado el 4 de junio pasado, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a seguir el consejo de Ihering y estar dispuestos a defender permanentemente un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos y de la organización democrática del poder.
