El generador de la presente crisis ha sido el gobierno. Por eso y porque quien gobierna, antes de tomar decisiones o mantenerlas, debe sintonizarse con las aspiraciones de la comunidad gobernada, cuando esta de manera clara le está demostrando su desacuerdo, su deber es corregir, comenzando por tender los puentes para recobrar esa sintonía.
La presente crisis partió de la convicción, absolutamente errada de los gobernantes, de que el mandato recibido en las urnas era un cheque en blanco para que ellos lo rellenaran como bien les pareciera.
Esa creencia los llevó a la imposición de la Ley 462 mediante procedimientos alejados de las sanas prácticas democráticas, comenzando por no haberlo sometido a una amplia consulta que hubiera permitido consensuar un texto legal acorde a las necesidades de nuestro país.
Desde hace décadas era una realidad que para sostener la viabilidad del Fondo de Pensiones era y es imprescindible que, como ocurre en todos los países cuyos gobiernos tratan de cumplir con su obligación de asegurar a sus poblaciones el acceso y conservación de los medios económicos para una vida decorosa, del Presupuesto salieran los fondos para nivelar sus eventuales crisis de liquidez.
Pregúntense, entonces: ¿Qué sentido tuvo que el gobierno, en lugar de haber incluido esos aportes en el Presupuesto revisado del 2024 o en el proyecto del 2025, no incluyera esas partidas y que decidiera reservarse esa carta para forzar la aprobación de su proyecto con la amenaza de la suspensión del pago de las pensiones? Haberlo hecho, cuando era oportuno hubiera evitado las primeras reacciones negativas y la desconfianza que desde allí se montó en una espiral ascendente.
¿Por qué, desde el inicio fue un empeño del gobierno controlar las inversiones de las reservas del Fondo de Pensiones, cuando quienes deben tener la decisión sobre esos recursos son sus propietarios, que son los asegurados y pensionados?
O, ¿Por qué se insiste en tratar de vender un sistema de jubilaciones que ha fracasado en muchos países y que, como su rasgo más notorio es un pasaporte a la miseria económica de quienes recibirían pensiones que no alcanzarían ni para subsistir?
Finalmente, si es un hecho que la Ley 462 debe ser reformada, ¿por qué el gobierno se empecina en mantenerla inalterable, cuando bien puede desactivar la crisis con la sola aceptación de que su vigencia será temporal, sujeta a lo que resulte de su revisión en la Asamblea?
Quien gobierna debe escuchar y dialogar y, cuanto antes lo haga, mejor para todos.
