¡El Poder Público sólo emana del pueblo!

Esa sentencia del Artículo 2 de la Constitución, a la par que ratifica que solo el pueblo legitima el mandato para gobernar, también aclara que ese poder lo delega en los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ‘conforme esta Constitución lo establece'.

¿Cuál es el pueblo que concede el derecho a gobernar? Ese pueblo somos los panameños por nacimiento o por naturalización, mayores de 18 años que, como dice una frase rimbombante de nuestras leyes, estemos en pleno goce de nuestros derechos políticos, que lo estamos todos, salvo que alguna condición restrictiva legalmente decretada nos los haya restringido.

La ciudadanía, por tanto y en esencia, el derecho de elegir y de ser elegidos a los cargos de elección popular, pero vale aclarar que si los ciudadanos tenemos el derecho de elegir, no todos tenemos el de ser elegidos. Un tiempo hubo en que solo los partidos políticos podían postular candidatos a la presidencia y a diputados. Esa prerrogativa absurda ha sido eliminada; pero hay otras, constitucionales y legales que establecen requisitos como la edad para, por ejemplo, aspirar a la presidencia o a una diputación.

El anterior, a grandes rasgos, es el marco constitucional y legal vigente, pero a la par de él existen otros factores que condicionan, la mas de las veces muy negativamente, los derechos de elegir y ser elegidos. En nuestro sistema electoral competir con las estructuras partidarias es casi imposible, por cuanto, como lo demuestra la realidad vigente, aquellas cuentan con ventajas desproporcionadas, sobre la libre postulación.

Pero, sin duda, el hecho de mayor trascendencia al poder soberano del pueblo es que solamente puede ejercer el derecho a elegir, en Panamá, cada cinco años, durante cuyo transcurso poco puede hacer para condicionar o rechazar la conducta de los gobernantes. De allí, porque es de suprema importancia elegir, pensadamente y bien. Si hubiera, como sería saludable, la revocatoria de mandato, esos sí serían otros quinientos pesos.

Abogado