En algún momento en nuestro país y de acuerdo a las estadísticas, los accidentes de tránsito constituían una seria amenaza a la salud pública de la población, ya que el volumen de los mismos y las consecuencias incidían negativamente en el bienestar de la población.
Este tema incluso fue abordado por especialistas del Ministerio de Salud con asesoría internacional, porque era notable y desproporcional el número de accidentes diarios con relación a la población y al parque vehicular existente.
Confieso que no sé cómo anda el tratamiento de este tema en la actualidad, pero lo que, si es seguro que si la población, el parque vehicular han aumentado y una deficiente aplicación de la justicia administrativa de transito aunado a la responsabidad que tienen las Escuelas de manejo, son indicadores de que este sigue siendo un tema para poner en el radar de las políticas públicas del Gobierno.
Me consta que de parte de los propios jueces de Transito de la Sede, han surgido propuestas debidamente sustentadas en estudios técnicos y científicos para darle una vuelta de timón a la justicia de Transito, pero parece que los diferentes directores de la ATTT y los ministros de Gobierno que han existido, demostraron total desinterés y han mirado para otro lado, frente a este tema. Vamos a ver si con el nuevo director, dado la renuncia del amigo Ábrego, haya la sintonía necesaria.
Cuando hablamos de las penurias, nos referimos a una serie de situaciones que de una u otra forma inciden negativamente en el ejercicio de estas funciones. Usted llega a un Juzgado de Transito en la sede, y sin tocar los de San Miguelito, y las condiciones físicas y de atención al usuario, no son las más adecuadas. Se requiere de remodelaciones físicas urgentes y modernas. Hay que simplificar los trámites, se deben acortar los términos. Hay que acabar con las reiteradas suspensiones de las audiencias, porque los Partes de Transito no llegan. Se debe introducir cambios en el tratamiento de las colisiones y fugas para que las mismas dejen de ser ilusorias para los afectados por estos actos irresponsables de conductores inescrupulosos.
Los procesos de apelación deben surtirse en la misma Institución (La ATTT), en lo que sería una segunda Instancia, ya sea creando la COMISION TECNICA DE APELACIONES, o adscribiéndolas al Despacho Superior de la Institución.
Se debe mejorar el sistema estadístico y de control de manejo de la información, para cumplir lo dispuesto por la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública.
Finalmente, se debe poner la mirada al recurso humano, desde el personal más humilde hasta los jueces cuidando el perfil así como las condiciones de trabajo y lo que siempre se obvia: un ajuste y equiparación de salarios. Solo así dignificaremos esta jurisdicción.
Analista y consultor político
