El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) inició el pago del programa Pase-U a nivel nacional, pero decidió retener los cheques de los estudiantes beneficiarios en la comarca Gunayala, sin ofrecer explicación formal.
Según la Ley 148 de 2020, que regula el Pase-U, este busca reducir el ausentismo escolar, elevar la matrícula y mejorar el rendimiento académico. El artículo 6 establece que para recibir el beneficio, el alumno debe mantener buena conducta y asistencia. Si se cumplen estas condiciones, no existe base legal para suspender el pago en Gunayala.
La comunidad educativa del colegio Nibaginya Cabu envió una carta pública a la ministra de Educación solicitando respuestas. Mientras tanto, el director del IFARHU, Carlos Codoy, ha ofrecido declaraciones contradictorias: primero dijo que el pago depende de la matrícula y no de la asistencia, pero luego algunos medios indicaron que no se pagará en colegios donde se interrumpieron clases.
Esto no aplicaría a Gunayala, donde la mayoría de las escuelas continuaron operando durante la huelga docente. Es inadmisible que cientos de estudiantes queden sin este beneficio por decisiones arbitrarias.
Los directores regionales Harol García (Educación) y Pepe Benítez (IFARHU) deben explicar esta situación, al igual que la ministra Lucy Molinar y el director Codoy, quienes con su silencio vulneran los derechos de los niños que dicen proteger.
