Las mujeres privadas de libertad representan una población pocas veces visibilizada y por tanto rara vez contemplada en la planificación, así como el desarrollo de políticas públicas penitenciarias.
En nuestro país existen cuatro centros femeninos de rehabilitación, el más grande cuenta con una población de 758 privadas, siendo su capacidad de 433, lo que implica una sobrepoblación de 323 mujeres.
No todas las privadas de libertad son jóvenes, también hay mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, discapacidades físicas, mentales y psicosociales.
Recibir atención médica, tratamiento y dieta especial por sus afecciones de salud no siempre son oportunas. Estas situaciones las hacen vulnerables a dicho encierro; lo que, en algunos casos, conlleva como consecuencia un mayor deterioro o agravamiento de su salud, e incluso podría poner en riesgo sus vidas.
Recientemente la primera dama de Panamá anunció como proyecto insignia de su despacho la construcción de una nueva cárcel para mujeres, más humano y que brinde real resocialización, que se llamará La Esmeralda, en alusión al color verde que es el color de la esperanza. Una real resocialización de las privadas de libertad mientras paga su deuda con la sociedad y sus condenas por el delito cometido es respetar sus derechos humanos, puede hacer la diferencia en la vida de estas mujeres y sus familias.
