¡El nuevo contrato con la minera debe ser consultado!

El artículo 159 de la Constitución dice así: ‘La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para los siguientes:'

Ese encabezado va seguido de 17 numerales que las detallan. Los números 14 y 15, tienen el siguiente texto:

‘14.- Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas.'

‘15.- Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere reglamentada previamente conforme al numeral catorce (14) o si algunas de sus estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de autorizaciones.'

Ni el contrato celebrado en 1997, declarado inconstitucional; ni el proyecto recientemente sometido a la Asamblea Nacional y devuelto al Órgano Ejecutivo; ni el proyecto ‘renegociado' con la minera que se ha vuelto a someter a la Asamblea, fueron precedidos de la ‘Ley de autorizaciones', a que se refiere el numeral 14, citado.

Al no haber ejercido la Asamblea Nacional esa función constitucional, su obligación, cuando entró a considerar el proyecto que recibió del Órgano Ejecutivo, no era simplemente la de ‘A probar o improbar' el susodicho contrato. Su obligación era discutirlo como si se tratara de una ley. Por consiguiente, ‘quedó a deber', cuando optó por escabullirse de su obligación mediante la decisión, aprobada por 5 votos a 4, de devolver el proyecto del contrato con muy limitadas observaciones.

Y todavía ‘quedará más a deber' si, como se ha hecho público, en la repetición ‘del primer debate' elimina las consultas públicas que, como mínimo y responsablemente, debiera realizar. Las consultas pasadas versaron sobre el proyecto anterior; pero en la repetición del primer debate se está considerando un ‘proyecto renegociado', que es diferente.

Si como todo parece indicar, los diputados se empeñan en seguir por ese camino, a todas luces equivocado, no es difícil predecir que su decisión, alejada de la sensatez, provocará la reanudación de las protestas y las confrontaciones, que ningún bien le hacen al país.

ABOGADO