La empresa Odebrecht tiene una larga recordación por el impacto que tuvo en muchos países de centro y Suramérica, por la forma de presentar lo que denominaron un esquema de negocio.
Esta supuesta innovación no demoró en pasarle la factura a altos funcionarios de gobierno y hasta presidentes que los llevó a renunciar iniciando su mandato.
Las nuevas fortunas de los regentes de los gobiernos por aceptar agregarle unos dólares a los precios y recibir propinas para ganarse los contratos, los llevó a muchos a las cárceles, mientras que otros se enfrentan al ostracismo social, y hasta una muerte civil.
En total, doce países han sido tocados por la empresa, donde se especula que asciende a 788 millones de dólares, la suma de dinero destinada para garantizar su contratación.
En el caso de Panamá la empresa, reconoció haber pagado durante el periodo 2010-2014, 59 millones de dólares a altos funcionarios de gobierno.
Las obras en que participaron generaron retraso, sobrecostos importantes, lo que motivó la intervención del Ministerio Público y la firma de un acuerdo con el fin de reconocer el pago de 220 millones de dólares, pagaderos con el compromiso que Panamá le diera trabajos y de esos dineros amortizarían el convenio económico con el Estado hasta saldar el monto acordado.
Este acuerdo también beneficiaba a los directivos de la empresa evitando que el proceso penal los alcanzara, a cambio de colaborar denunciando a los funcionarios que recibieron supuestos dineros.
Lo cierto fue que la empresa incumplió el arreglo y los plazos establecidos para los desembolsos, lo que dejó al Estado panameño lesionado y sin poder ser indemnizado.
La semana que pasó se supo que la misma empresa fue condenada a pagar 30 millones de dólares al Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el incumplimiento de la ejecución de un proceso de expansión de la terminal aérea.
Odebrecht se declaró en bancarrota en un tribunal de Nueva York en 2019, por supuestos actos de corrupción en el pago de contratos durante el año 2016. Lo que nos hace suponer que el incumplimiento de sus obligaciones será más que evidente.
Odebrecht se declaró en bancarrota en un tribunal de Nueva York en 2019, por supuestos actos de corrupción en el pago de contratos durante en 2016
